Frente de guerra oriental del ELN ordena “juicio revolucionario” a agentes del CTI que llevan más de un año secuestrados

En un video, el Frente de Guerra Oriental del ELN anunció que decidió aplicar el llamado “juicio revolucionario” a los agentes del CTI de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, secuestrados el pasado 8 de mayo del 2025 en Arauca.

De acuerdo con la estructura ilegal, se trata de una “sentencia condenatoria” contra los dos funcionarios, quienes están próximos a cumplir un año de secuestrados.  En su comunicado, el ELN señala que no los condena con la “pena capital”, pero impone lo que denomina “prisión revolucionaria”.

Según el documento leído por un cabecilla de la estructura ilegal, Jesús Antonio Pacheco deberá permanecer bajo el poder de esta guerrilla durante 60 meses, mientras que Rodrigo López estará 55 meses bajo la misma condición. El ELN aclara que decidieron no imponer la pena capital en ninguno de los dos casos.

Además, el vocero del ELN enfatizó que el tiempo que llevan ya bajo privación de libertad será parte de la pena impuesta.

Sentencia del ELN

En el documento, el ELN argumenta que su sistema de “justicia revolucionaria” se fundamenta en principios éticos y en el derecho internacional humanitario, diferenciándose —según su postura— de la justicia estatal. Asegura, además, que durante el tiempo de cautiverio se habrían garantizado condiciones básicas a los retenidos, como alimentación, salud y trato digno, en lo que denomina “normas guerrilleras”.

La organización ilegal sostiene que los dos funcionarios fueron investigados por presuntos vínculos con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y por supuestas actividades de inteligencia contra el ELN, incluyendo la infiltración de redes y el uso de población civil. También los acusa de participar en montajes judiciales contra habitantes de zonas de influencia insurgente.

Como parte del proceso, el ELN menciona testimonios atribuidos a los propios retenidos, en los que —según el grupo— se reconocen actividades de inteligencia y acercamientos con integrantes de la organización con fines operativos.

El comunicado también insiste en la posibilidad de aplicar un “canje humanitario” de prisioneros de guerra, mecanismo que implicaría el intercambio de personas privadas de la libertad entre el Estado y la guerrilla. En ese sentido, el ELN asegura mantener disposición para avanzar en este tipo de acuerdos, condicionados —según indica— a la voluntad política del Gobierno nacional.

Respuesta del Gobierno

El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, cuestionó la decisión que tomó el frente de guerra oriental del ELN al asegurar que el secuestro continúa siendo uno de los principales delitos cometidos por esa organización.

No hay causa noble ni vil que justifique un secuestro.  A las familias de nuestros dos policías y dos funcionarios del CTI que están secuestrados por el cartel del ELN les decimos que no están solas. Esta todo el Estado colombiano con ustedes”, dice el ministro.

Para el alto funcionario, el ELN “ni es autoridad judicial ni tampoco un órgano del Estado. Son una amenaza contra los colombianos”, dijo.

Sánchez recordó que el secuestro tiene penas de hasta 40 años de prisión dentro de la legalización colombiana y pidió la liberación inmediata de todas las personas que permanecen privadas de la libertad por esa guerrilla.

“Le pedimos a la comunidad internacional, a los organismos de Derechos Humanos, a la Iglesia católica, al mundo entero que se unan a este propósito para traer a todos los colombianos que están secuestrados al seno de sus hogares”, dijo el ministro.