El sector legal colombiano y su compromiso con la sostenibilidad ambiental

Proteger el planeta y desarrollar actividades que eviten daños al entorno son acciones que han cobrado relevancia en el sector legal, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones para individuos y empresas en el país.

Se trata de un interés relativamente nuevo. La legislación ambiental en Colombia comenzó a gestarse con la Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio del Medio Ambiente y estableció principios para la gestión del entorno, y se complementó con la Ley 1450 de 2011, que reformó la legislación de los ecosistemas y creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Luego, la Ley 1930 de 2018 reguló la responsabilidad ambiental y estableció sanciones para delitos cometidos en este sector.

“Colombia es fuerte en el desarrollo de legislación ambiental, al punto de que tuvo que desarrollar un decreto compilatorio (el 1076 de 2015) de normas reglamentarias preexistentes, para consolidar la normativa que estaba vigente al momento de expedición, para que la consulta normativa en materia ambiental fuera mucho más fácil de revisar. Y posteriormente ha generado más normativa ambiental asociada al manejo de residuos y cambio climático”, señala July García, docente de gestión ambiental del Politécnico Grancolombiano.

Sin embargo, y a pesar de que el sector legal colombiano ha avanzado significativamente en la protección del medioambiente, aún existen desafíos que deben ser superados para garantizar un desarrollo sostenible y proteger el entorno natural para las generaciones futuras. “Antes de generar más normas, lo que se necesita es aplicar la normativa existente, fortalecer las entidades y autoridades para que tengan capacidad de seguimiento y control, y revisar cuales normas deberían ser actualizadas en línea con las condiciones actuales a nivel económico y los compromisos que tiene Colombia con los tratados internacionales”, advierte la docente.

En los últimos años, y con el objetivo de contribuir a la estabilidad de las empresas, el sector legal se ha enfocado en promover el fortalecimiento de la capacitación, la profundización y la enseñanza para la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la gestión del riesgo de desastres enmarcados en Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC, estrategia de fortalecimiento del sector empresarial en la gestión de riesgos climáticos para mantener la competitividad en los sectores agua, agricultura, desarrollo urbano y financiero), al menos en cinco de las líneas de acción prioritarias establecidas en este plan.

Otro objetivo que se fijó el sector legal es el de ampliar condiciones óptimas para los inversionistas de otros estados dentro del territorio colombiano, para lo cual se ha implementado una política de negociación y ratificación de Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) que principalmente se encuentran contenidos en Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), o en capítulos de inversión extranjera dentro de Tratados de Libre Comercio (TLC). “Los AII buscan crear un marco jurídico justo y claro que establezca estándares mínimos de protección a los inversionistas extranjeros que decidan realizar IED en Colombia. Los AII también otorgan tales estándares de protección a los inversionistas colombianos que invierten en jurisdicciones cubiertas por estos instrumentos internacionales”, explica María Fernanda García, docente de Derecho del Politécnico Grancolombiano.

Y para estimular el desarrollo sostenible de las empresas, el sector legal promueve que, en materia laboral, se reduzca el tiempo de trabajo, lo que impacta directamente en la calidad de vida y bienestar. “Ello se explica en la Ley 2101 de 2021, en la que se hace referencia al tiempo durante el cual el trabajador está prestando el servicio. Hoy, la jornada máxima legal es de cuarenta y siete horas semanales, y disminuirá gradualmente hasta alcanzar las cuarenta y dos horas semanales en 2026”, dice la docente.

Así mismo, en Colombia se aprobó la ley de emprendimiento (la 2096 de 2020), que entre sus objetivos tiene el de fomentar el crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad de las empresas, aumentar el bienestar social y generar equidad, así como facilitar el nacimiento de nuevos emprendimientos y empresas, ayudar a las empresas a crecer e incentivar la creación de nuevos empleos.

Finalmente, uno de los principales retos que tiene el sector legal en este campo es el de que, debido a que algunas normas son muy generales o no han sido actualizadas, puede ser difícil aplicar la normativa colombiana, y más si dicho sector muchas veces no tiene claro la forma de regular o evidenciar que se está respetando la normativa ambiental. “Es el caso de la Consulta Previa, la cual, si bien es un derecho fundamental y un mecanismo de protección que recae sobre las comunidades étnicas, no dispone de una normativa clara que establezca una regulación legal. Hemos visto muchas sentencias y proyectos donde, a pesar que se realiza la Consulta Previa, es la Corte Constitucional la que, a través de la jurisprudencia, debió establecer los parámetros para aplicar dicho mecanismo, los cuales pueden variar con el transcurso del tiempo. Esto genera incertidumbre tanto para los empresarios en el desarrollo de sus proyectos como para las comunidades étnicas”, concluye la profesora July García.

Radiografía del sector legal verde

Instituciones

• Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
• Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)
• Procuraduría General de la Nación (órganos de control y vigilancia ambiental)

Áreas de enfoque

• Cambio climático
• Biodiversidad
• Recursos hídricos
• Residuos y contaminación
• Energías renovables

Desafíos

• Implementación efectiva de la legislación ambiental
• Coordinación interinstitucional
• Participación ciudadana y educación ambiental
• Financiamiento para proyectos sostenibles.