El examen DESC en Naciones Unidas: medidas urgentes y pertinentes
A través de este texto, la Defensoría del Pueblo analiza los principales avances y rezagos del Estado colombiano en el séptimo examen ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Un llamado urgente a convertir las recomendaciones internacionales en acciones concretas para garantizar una vida digna, especialmente a quienes no pueden seguir esperando.
En septiembre de 2025, el Estado colombiano rindió el séptimo examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este instrumento internacional establece un catálogo de derechos orientados a dignificar las condiciones materiales de vida. El PIDESC incluye los derechos a vivir en condiciones dignas, al trabajo, educación, vivienda, salud, lo mismo que a la alimentación y a participar en la vida cultural. También define medidas especiales para que las mujeres puedan gozar de estos derechos en contextos libres de discriminación.
El examen se rinde ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, un órgano independiente compuesto 18 por expertos. El Comité estudia los informes presentados por los Estados y contrasta esta información con los informes alternativos presentados por las organizaciones de la sociedad civil y por las instituciones de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo. El Comité emite recomendaciones que buscan que el Estado atienda los problemas para la garantía de los derechos sociales.
A pesar de la pertinencia de las recomendaciones, estas suelen tardarse en ser atendidas. Por ejemplo, en 1995, el Comité insistió en la necesidad de formalizar y dignificar a las madres comunitarias del ICBF. Pasaron cerca de 30 años para que el Estado colombiano realizara acciones orientadas a la protección de los derechos laborales de las madres comunitarias, advertida por el Comité DESC en 1995. El Decreto 2182 de 2023 asignó a las exmadres comunitarias un subsidio de subsistencia, y el Decreto 0586 de 2025 avanzó en la formalización de las madres al interior de la planta de personal del ICBF.
En 2025, el comité DESC reconoció positivamente algunos esfuerzos del Estado colombiano en la garantía de los derechos sociales, entre ellos, la creación del sistema nacional del cuidado, la incorporación del derecho a la alimentación al catálogo constitucional de derechos, la reducción del desempleo y de los indicadores de pobreza, y los esfuerzos orientados a implementar la reforma rural integral, que se deriva del Acuerdo de Paz de 2016.
Sin embargo, observó algunos serios problemas con la garantía de los derechos sociales. Por ejemplo, instó al Estado colombiano a ponerse al día con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), que completa ya un atraso de cinco años. También le solicitó tomar medidas para implementar los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, principalmente para fortalecer los mecanismos de remedio para las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en contextos de actividades empresariales. Además, le pidió al Estado avanzar en el trámite legislativo de la reforma a la salud, de la ley ordinaria de jurisdicción agraria y de la ley estatutaria del derecho humano a la alimentación.
Las recomendaciones del Comité DESC se deben desplegar en medidas legislativas, judiciales y de políticas públicas para que las autoridades del Estado colombiano, en su conjunto, avancen en la garantía progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas de estas medidas son urgentes: la igualdad y la vida digna de quienes que enfrentan la exclusión, la marginalidad y la pobreza no dan espera. Como ya observamos con el caso de las madres comunitarias, 30 años de espera es demasiado. Se requiere de un compromiso sólido para que estas medidas urgentes salgan del sueño de los justos.
*Contenido patrocinado por la Defensoría del Pueblo.
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