La Defensoría llevó a instancias internacionales el informe sobre los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia
La Defensoría del Pueblo presentó ante la ONU su Informe Alternativo sobre los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia. En el documento reconoció avances en la reducción de la pobreza, pero advirtió sobre brechas territoriales, la crisis en salud y educación y la persistente violencia contra personas defensoras de derechos humanos.
En un contexto marcado por profundas transformaciones sociales, económicas y políticas, la Defensoría del Pueblo socializó el Informe Alternativo al Séptimo Informe del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas, un documento que ofreció una lectura crítica e independiente sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
El espacio, que reunió a entidades del Estado, organizaciones sociales, representantes de la ONU y del cuerpo diplomático, reafirmó el compromiso constitucional de la Defensoría con la promoción y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, considerados pilares fundamentales para la dignificación de las condiciones de vida de la población.
El análisis del informe se concentró en el periodo 2019–2025, atravesado por hitos determinantes como las movilizaciones sociales de 2019 y 2021, la emergencia sanitaria por el covid-19 y los cambios recientes en el rumbo político del país. Todo ello se examinó en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, que obligó al Estado a adoptar medidas progresivas para garantizar estos derechos y a rendir cuentas periódicamente ante Naciones Unidas.
Avances en reducción de pobreza, pero con brechas persistentes
Entre las principales conclusiones del Informe Alternativo se destacaron avances importantes en indicadores sociales entre 2020 y 2024. La pobreza monetaria se redujo del 43,1 por ciento al 31,8 por ciento, mientras que la pobreza extrema pasó del 17,3 por ciento al 11,7 por ciento. Sin embargo, la Defensoría advirtió que estos progresos convivieron con brechas territoriales críticas, especialmente en departamentos como Chocó, La Guajira, Sucre y Caquetá, donde persistieron condiciones estructurales de exclusión.
El informe también evidenció desigualdades profundas en el acceso a salud, educación y vivienda digna, así como una crisis estructural del sistema de salud y rezagos significativos en el sistema educativo, que afectaron de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.
Violencia contra defensores y feminización de la pobreza
Uno de los capítulos más preocupantes del documento fue el relacionado con la violencia. Entre 2016 y 2024 se registraron 1.488 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, una cifra que reflejó los riesgos persistentes para quienes lideraron procesos sociales y comunitarios en el país.
A ello se sumó la feminización de la pobreza: el 36,1 por ciento de los hogares con jefatura femenina se encontraron en situación de pobreza, frente al 28,4 por ciento de los hogares con jefatura masculina, lo que evidenció desigualdades estructurales de género que continuaron sin resolverse.
Reformas y reconocimientos destacados
El informe reconoció avances normativos e institucionales relevantes, entre ellos las reformas laboral y pensional en curso, la creación del Sistema Nacional de Cuidado, el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección y el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada. No obstante, la Defensoría subrayó que estos avances debían traducirse en impactos reales y sostenibles en la vida de las personas.
Llamados y compromisos de la Defensoría del Pueblo
Como parte de sus conclusiones, la Defensoría del Pueblo reiteró varios compromisos y exhortaciones al Estado colombiano. Entre ellos, mantener un seguimiento permanente a la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales; instar a la ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC, que habría permitido a la ciudadanía acudir a instancias internacionales; y promover la creación de mecanismos permanentes de evaluación fiscal con enfoque de derechos humanos.
Asimismo, solicitó una hoja de ruta clara para cumplir, en el corto y mediano plazo, las recomendaciones emitidas por el Comité DESC de la ONU, así como el fortalecimiento de las capacidades locales para reducir las brechas territoriales.
En la socialización del informe participaron representantes de ministerios, el DANE, el DAPRE, el ICBF, el Departamento para la Prosperidad Social, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, Asocapitales, Asointermedias, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, plataformas de la sociedad civil y delegaciones diplomáticas.
El Informe Defensorial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales está disponible para consulta pública y se consolida como una herramienta clave para el seguimiento, la exigibilidad y el debate informado sobre el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano en materia de derechos humanos.
*Contenido elaborado con apoyo de la Defensoría del Pueblo.
Lea los comentarios
