¿Un nuevo Congreso para un país al borde? Poder, límites y la disputa por la legitimidad

El debate sobre una eventual Constituyente volvió a poner al Congreso en el centro de la discusión pública. No como una institución abstracta, sino como un actor cuya capacidad real de tramitar reformas, equilibrar poderes y representar a la ciudadanía está bajo cuestionamiento. El foro ‘Una Constituyente: ¿para qué?’, y en particular el panel ‘Nuevo Congreso: ¿una nueva oportunidad?’, dejó ver una tensión estructural: mientras el Ejecutivo pretende avanzar en su agenda, el Legislativo enfrenta una crisis de legitimidad que condiciona su margen de acción, pero también sus posibilidades de transformación.

Las intervenciones de Lina Garrido y Ciro Rodríguez, representantes a la Cámara, y de Carolina Corcho, cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, no solo expusieron diferencias políticas. Desde ángulos distintos, trazaron un mapa de fallas institucionales acumuladas por décadas: debilidades en el control electoral, incentivos perversos dentro del Congreso, un sistema de partidos atomizado y una arquitectura institucional que —según los panelistas— ya no logra procesar los conflictos del país.

El desbalance de poder y la instrumentalización política

Lina Garrido insistió en que el Congreso debe recuperar un rol autónomo frente al Ejecutivo. Su crítica apuntó a un uso estratégico del discurso constituyente para presionar reformas: “No porque el Ejecutivo presente iniciativas en el Congreso tienen que salir. No puede ser que este sea un mecanismo de amenaza para presionar a las congresistas”.

Su defensa de una Constituyente no fue programática sino estructural: la decisión del CNE sobre los topes de campaña —“Oh, sorpresa…”— le sirvió para ilustrar lo que considera un fallo de origen en los mecanismos de control político y judicial. De ahí su tesis: un rediseño institucional se vuelve necesario no por capricho ideológico, sino por incapacidad del sistema para asegurar legalidad, responsabilidad política y sanción de la corrupción.

Cuando afirma que “en un país decente, Gustavo Petro ya no debería ser presidente de la República”, no solo cuestiona un hecho puntual. Señala la ineficacia histórica de la Comisión de Acusaciones y el deterioro del sistema de pesos y contrapesos. Para ella, la crisis no es coyuntural, sino acumulada.

El bloqueo institucional como patrón y no como excepción

Carolina Corcho, desde una perspectiva distinta, describió un Congreso incapaz de producir reformas esenciales para modernizar el sistema político. “¿Ha sido capaz el Congreso?”, preguntó, para recordar que, desde 1991, ninguna reforma política profunda ha superado el filtro legislativo. Su análisis se centra en los incentivos que bloquean cualquier cambio que afecte a los partidos tradicionales o al CNE.

“¿Cómo es posible que la institución encargada… sea elegida por los propios partidos políticos y no actúe en derecho sino en política?”, pregunta. Según Corcho, esta configuración impide que los organismos de control electoral cumplan su función sin interferencias.

Su diagnóstico se amplía a la política de tierras —“hoy tenemos el impedimento para entregar 3.200.000 hectáreas”— y al sistema de salud —“cobros fraudulentos por 2,3 billones de pesos”— para mostrar que el problema no es un área del Estado, sino el patrón de captura institucional que, en su lectura, limita cualquier agenda de cambio. De ahí su conclusión: “tenemos que cambiar ese Congreso”.

El debilitamiento del Legislativo y la pérdida de capacidad técnica

Ciro Rodríguez introdujo una mirada centrada en la arquitectura del poder legislativo. Para él, la crisis no solo es moral o política, sino también funcional. “Del Congreso no se comprende bien su rol, sus limitaciones y sus posibilidades”, dijo, para explicar cómo la percepción de privilegios y corrupción convive con una fragmentación que reduce la capacidad de construir mayorías estables.

Su señalamiento más estructural apunta al desbalance entre el Ejecutivo y el Legislativo: “no tiene ninguna iniciativa legislativa para generar cualquier obra”. La dependencia del Gobierno para asignación presupuestal —y, por tanto, para la gestión territorial de los congresistas— termina por debilitar la función de representación y convierte la política pública en moneda de negociación.

La propuesta de Rodríguez va a la raíz: reformar la Ley Quinta, fortalecer las unidades técnicas y reducir la asimetría de conocimiento con el Gobierno. Su análisis sugiere que, sin capacidad técnica, el Congreso no podrá recuperar poder político real.

Aunque provienen de tradiciones políticas diferentes, los tres planteamientos delinean un problema común: la arquitectura institucional del Congreso dejó de ser capaz de absorber el conflicto político, producir reformas y actuar como contrapeso efectivo del Ejecutivo.

El nuevo Congreso ante un punto de inflexión

Más allá de las tensiones ideológicas, la pregunta que quedó abierta es profundamente institucional:  ¿es posible que el nuevo Congreso restablezca la legitimidad, recupere capacidad de acción y reequilibre los poderes del Estado?

Las intervenciones sugieren que no bastan cambios cosméticos. La disputa no es solo sobre reformas, sino sobre el modelo mismo de gobernabilidad. El país llega a esta discusión porque el sistema político se agotó en sus herramientas, pero aún no en sus conflictos.

El próximo Congreso tendrá que decidir si administra esa crisis o si se convierte en el primer actor dispuesto a transformarla.