Las EPS aseguraron que el Gobierno de Gustavo Petro desfinanciará el sistema de salud el próximo año

En un pronunciamiento conjunto las EPS del régimen contributivo, agremiadas en Acemi y las subsidiadas agrupadas en Gestar Salud, manifestaron que el aumento de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), que transfiere anualmente el Gobierno por cada paciente, será insuficiente para el próximo año y desfinanciará al sistema de salud. De acuerdo con el borrador de una resolución del Ministerio de Salud, se contempla un incremento entre 12,22 por ciento y 16,23 por ciento y según estos actores debería ser mínimo del 18 por ciento.

Es decir, la UPC para EPS del régimen contributivo en 2022 se trazó en 1.109.221 pesos y con un incremento de 16,23 por ciento para 2023 quedaría en 1.289.247 pesos, mientras lo que se pagó este año por cada paciente en el subsidiado fue 964.807 pesos. Con una subida de 12,22 por ciento se ubicaría en 1.082.706 pesos.

Las EPS explicaron que ese aumento resulta insuficiente porque las frecuencias de uso de servicios han aumentado, registrando los máximos históricos desde que se cuenta con estadísticas; que la inflación va en 12,53 por ciento en el año corrido y que la devaluación está por encima del 25 por ciento.

Paula Acosta, presidenta de Acemi, asegura que “el correcto cálculo de la UPC es la base para el buen funcionamiento del Sistema de Salud. No se trata de hacerles un favor a las EPS, se trata de garantizar los recursos necesarios para que los millones de usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado no queden desamparados”, manifiesta Acosta.

Por su parte, Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud, alertó que de no reconocerse el valor necesario de UPC se va a precipitar una crisis sin precedentes que va a afectar no solo la viabilidad de las EPS, sino también a prestadores, proveedores y usuarios, particularmente a los más enfermos que hoy están recibiendo tratamientos. “En estas condiciones el régimen subsidiado queda en desigualdad en el financiamiento y esto va íntimamente relacionado con la calidad y oportunidad de servicios que se preste a los usuarios”, agregó Dávila.

El Ministerio de Salud, dirigido por Carolina Corcho, considera que estas criticas no tienen lugar, pues según la entidad, la metodología con la que se calcula la UPC se hace con base en la información reportada por las mismas EPS. Esto hace, según la ministra, que “el proceso cumpla con parámetros técnicos de confiabilidad, considerando que la gestión de la información es un proceso estructurado tendiente a la verificación de la calidad y cobertura, así como la conformación de la base de datos y retroalimentación de la información”.

El ministerio indicó que el cálculo de la UPC se realiza en función del perfil epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad y tecnología.

Finalmente, las EPS hicieron un llamado al Gobierno de Petro para que se ponga al día con las cuentas pendientes que tienen con ellas y que suman 2,6 billones de pesos.