Advierten que la fiscalización de la Dian pone en riesgo el modelo cooperativo cafetero y aumenta informalidad de caficultores

El debate por la exigencia de facturación electrónica a los caficultores encendió las alarmas en el gremio. La Cooperativa Central de Caficultores de Huila (Coocentral) denunció que el endurecimiento de los controles de la Dian y la interpretación rígida de las normas tributarias ponen en riesgo el modelo cooperativo cafetero, que desde hace más de medio siglo garantiza trazabilidad, precios justos y desarrollo social en el campo colombiano.

Según la organización, los recientes requerimientos fiscales –que exigen bancarización y facturación electrónica incluso en zonas de baja conectividad– han provocado una reducción del 12 por ciento en las compras formales de café, debilitando las estructuras asociativas y empujando a muchos productores hacia la informalidad.

“Si nosotros no implementamos la bancarización ni generamos la facturación electrónica, la Dian puede decretar que no hay justificación contable de los gastos. Eso puede ocasionar sanciones, y ya nos están proyectando multas multimillonarias”, explicó a CAMBIO el gerente general de Coocentral, Luis Mauricio Rivera Vargas.

El directivo sostiene que, al aplicar de manera literal las disposiciones del Estatuto Tributario, las cooperativas que operan en regiones sin internet o servicios financieros suficientes quedan expuestas a sanciones que ponen en riesgo su viabilidad. “Nos piden vender el café legal, emitir facturación electrónica, tener cuentas bancarias, pero en muchas veredas ni siquiera hay bancos. El Banco Agrario funciona relativamente mal”, añadió.

Rivera insiste en que la organización no se opone a la formalización ni al control de la evasión, pero pide una transición gradual y acompañada de educación digital y conectividad rural. “Sin eso, lo que están provocando es más informalidad y un golpe directo al propio Estado, porque somos las cooperativas las que ayudamos a garantizar el recaudo en las zonas rurales”, dijo.

Y añadió: “Obligar a un caficultor de veredas como El Paraíso o Santa María, en Huila, a emitir una factura electrónica y a la bancarización desde su finca, cuando difícilmente manejan un teléfono móvil, es desconocer la realidad rural del país”.

¿Qué posición tiene la Dian?

En respuesta a las acusaciones, una fuente de la Dian consultada por CAMBIO aclaró que la mayoría de los caficultores ni siquiera están obligados a facturar electrónicamente. “La inmensa mayoría de los caficultores no son obligados a facturar. No tienen ventas superiores a las 3.500 UVT y no ha cambiado la norma desde 2020”, explicó.

Esto significa que solo quienes superen los 174 millones de pesos anuales en ingresos deben emitir factura electrónica, conforme al artículo 616-1 del Estatuto Tributario. La Dian reiteró que no existen nuevas disposiciones específicas para el sector cafetero y que las reglas son las mismas desde hace cinco años.

Aun así, Rivera advierte que la bancarización obligatoria y la fiscalización extendida a las cooperativas están generando un efecto colateral sobre los pequeños productores. “Aunque la mayoría no esté obligada a facturar, están siendo condicionados a recibir sus pagos mediante cuentas bancarias”, dijo. Eso implica depender de un sistema financiero que no llega al territorio y complica la operación de las cooperativas, según explicó el gerente.

Por todo lo anterior, Rivera pidió al Gobierno abrir una mesa de concertación para revisar las normas: “No nos oponemos a la formalización; lo que pedimos es una transición gradual, con acompañamiento técnico, subsidios de conectividad y herramientas adaptadas al contexto rural. La tecnología debe ser un puente, no una barrera”.

¿Quiénes deben facturar electrónicamente en Colombia?

Según la normatividad vigente, deben expedir factura electrónica los contribuyentes que:

• Tengan ingresos brutos superiores a 3.500 UVT anuales (aproximadamente 174 millones de pesos en 2025).
• Estén inscritos en el RUT como responsables de IVA o del impuesto al consumo.
• Contratistas del Estado con ingresos superiores a 4.000 UVT.
  • Personas naturales con ingresos inferiores a 3.500 UVT que:
  • Tengan más de un establecimiento de comercio.
  • Realicen operaciones aduaneras o exportaciones.
  • Exploten intangibles.
  • Registren consignaciones o inversiones por encima de 3.500 UVT.
• Contribuyentes del Régimen Simple de Tributación (RST).