¿Es viable que los estratos 5 y 6 asuman la deuda de la opción tarifaria, como lo propone el Gobierno?

En las últimas semanas, el Ministerio de Minas y Energía radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 432 de 2025, por medio del cual “se establecen mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”. Sin embargo, la iniciativa ha sido blanco de críticas: los expertos temen que, en vez de reducir las tarifas de energía, se produzca el efecto contrario.

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El artículo 3 del proyecto propone que los usuarios de estratos 5 y 6, los no residenciales y los no regulados a nivel nacional asuman la deuda de la opción tarifaria de los usuarios de estratos 1, 2 y 3, “en concordancia con el principio de solidaridad y redistribución de ingresos del artículo 367 de la Constitución Política”. La opción tarifaria es un mecanismo regulatorio que fue activado por el gobierno de Iván Duque como respuesta a la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental decretada para enfrentar la pandemia de covid-19. Esta consistió en la acumulación de saldos de las tarifas de energía que, tras la emergencia, comenzaron a cobrarse a los usuarios como un costo adicional en la factura de la luz. 

Es decir, para evitar golpear el bolsillo de los hogares ante los mayores costos de energía que se generaron como consecuencia de la pandemia, a los colombianos no se les aumentó directamente el valor de la facturas, sino que se propuso hacer pequeños cobros diferidos. 

Según el documento, de ser aprobado este proyecto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en un término no superior a tres meses, “definirá los mecanismos especiales a través de los cuales se hará el manejo y asignación de los saldos de opción tarifaria” y “deberá determinar la responsabilidad de su cálculo, liquidación, recaudo, balance y redistribución entre agentes”.

Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía, o quien este designe, en un término no superior a un mes, “establecerá los criterios de excepción a este artículo, entre los cuales se deberá tener en cuenta la no afectación de la economía popular y a los usuarios no residenciales de los pequeños negocios ubicados en estratos 1, 2 y 3”.

Agremiaciones del sector energético colombiano han expresado su preocupación por este artículo, pues consideran que el Gobierno es quien debe proporcionar los recursos.  El 7 de mayo de 2024 el presidente Gustavo Petro se comprometió a que el Estado pagaría la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, estimada en ese entonces en 2,7 billones de pesos. Por esta razón, una de las propuestas de estas organizaciones es “honrar lo prometido por el presidente Petro en mayo de 2024, acerca de que la Nación asumiría los saldos de la opción tarifaria”. Sin embargo, la propuesta se cayó cuando se hundió en el Congreso la ley de financiamiento.

“Ahora se dice que ello no fue posible porque se hundió la ley de financiamiento y que la responsabilidad es de los congresistas… pero cabe preguntarle al exministro Camacho qué pasó durante esos seis meses que transcurrieron desde que el presidente dio la orden y esa orden nunca se cumplió”, dijo el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta en diálogo con CAMBIO de Tema, meses atrás.

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Según el exfuncionario, de haberse cumplido la promesa del presidente, se habría solventado en gran medida la situación financiera de las empresas comercializadoras de energía y habría significado para los usuarios una reducción en la factura de entre el 20 y el 24 por ciento.

De acuerdo con cálculos de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), actualmente el Gobierno tiene una deuda con el sector energético de 6,1 billones de pesos, de los cuales 2,4 billones corresponden a la opción tarifaria.

¿La propuesta del Gobierno para pagar la deuda de la opción tarifaria es viable?

La abogada y socia de la firma Holland & Knight Inés Elvira Vesga no considera viable esta propuesta, pues los usuarios de estratos 5 y 6, así como del sector industrial ya pagan una contribución del 20 por ciento para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3. De hecho, apunta que la medida tiene vicios de inconstitucionalidad si se tiene en cuenta que obliga a menos del 20 por ciento de los usuarios a subsidiar a los demás.

“El Gobierno ha presentado la medida como un desarrollo del principio de solidaridad y redistribución del ingreso, pero hay que recordar que existen subsidios cruzados y que este grupo poblacional es en el que se concentran las demás cargas fiscales, por lo que se estaría excediendo la interpretación correcta de la solidaridad”, agrega la experta.

Vesga advierte que la implicación inmediata de esta medida sería una desmejora en la calidad de vida de los sectores subsidiados y un golpe a la productividad, al afectar al sector industrial.

Por su parte, la abogada y asociada senior de Energía e Infraestructura en Baker McKenzie Laura Torres afirma que, aunque cargar exclusivamente a estos sectores “puede resultar coherente con su mayor capacidad contributiva”, la situación generaría interrogantes sobre equidad, sostenibilidad y la concentración de obligaciones en los mismos grupos.

Si bien la experta dejó la puerta abierta al debate sobre la viabilidad de la iniciativa para el pago de la deuda, afirmó que, al incrementar la tarifa de la energía para sectores productivos —especialmente los no regulados—, “es previsible que estos mayores costos se trasladen al precio final de bienes y servicios”.

“Es importante anotar que, en el régimen legal colombiano, los servicios públicos tienen como fundamento que no pueden ser suministrados de forma gratuita. Ahora, creemos que el debate está en determinar si este es el mecanismo más adecuado para cerrar el déficit tarifario”, concluyó.

El proyecto de ley con el que el Gobierno busca reducir las tarifas de energía tiene varias aristas y propuestas y aún no es claro qué futuro tomará en el Congreso en un contexto en el que hay otras iniciativas que el gobierno también quiere aprobar en lo que resta de esta legislatura. Los expertos han puesto sus preocupaciones de la mesa y dependerá del Legislativo analizar su conveniencia.