Gobierno y constructores, enfrentados por borrador de decreto que pone topes a los precios de las viviendas VIS por alza del mínimo
El Gobierno tiene listo un proyecto de decreto para mitigar el impacto del aumento de 23 por ciento que definió el presidente Petro para el salario mínimo de este año. Pero Camacol, el gremio que representa a los edificadores, cuestiona la legalidad de la propuesta y advierte que se está haciendo control de precios.
Los impactos por el aumento de 23 por ciento en el salario mínimo de 2026, que ha sido ampliamente criticado por estar muy por encima de la inflación y de otros parámetros técnicos, ya están llegando a diversos sectores, como el de la vivienda.
Los proyectos de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), cuyos precios están ligados al salario mínimo, se incrementaron en esa proporción, lo que cambia las cuentas para las familias que están en proceso de compra, o que tenían proyectado comprar vivienda este año.
Según la ley, las viviendas VIS tienen un precio máximo establecido en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y de 150 salarios en ciertas zonas, como las grandes ciudades. Las viviendas VIP están valoradas en hasta 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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