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Daniel Quintero, una vez más
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín
Elecciones Colombia 2026

Daniel Quintero sigue en enredos legales: ¿podrá ser candidato por firmas o se quedará en el camino?

El exalcalde de Medellín se salió de la consulta del Pacto Histórico porque no estaba dispuesto a correr el riesgo de “inhabilitarse” para participar en el Frente Amplio. Y ahora, que anunció que se lanzará por firmas, tampoco queda claro si podría competir. ¿Una mala jugada? ¿O aún tiene posibilidades?

Por: Claudia Quintero

Después de una semana de un medido silencio, Daniel Quintero volvió a agitar la discusión pública sobre su candidatura presidencial. Este martes, cuando los ánimos de la consulta estaban más calmados, Quintero se fue a la Registraduría para inscribir el comité ‘Reset Total Contra el Narco y los Corruptos’, con el que buscará recoger al menos 630.000 firmas antes del 17 de diciembre. Una apuesta ambiciosa.

El problema es que no lo dejaron ingresar a la Registraduría porque los encargados de adelantar el trámite no estaban. Además, tampoco está claro si él estaría inhabilitado para participar y la entidad electoral le pidió un concepto al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este es, de nuevo, el festival de las interpretaciones. Pero, ¿qué anticipan exregistradores, exmagistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y abogados expertos en derecho electoral? 

Quintero, el antisistema, versus la inscripción en la Registraduría

Daniel Quintero, aspirante presidencial
Crédito: Colprensa

La génesis de los enredos de hoy vienen de la participación de Quintero en la consulta del Pacto.  

Primero, porque el exalcalde de Medellín renunció a la consulta el 14 de octubre, 12 días antes de la convocatoria a las urnas y cuando ya todo estaba listo, la Registraduría ya tenía las tarjetas electorales impresas y el material estaba a punto de salir a todas las regiones del país.

Ese día, el CNE negó una ponencia que permitía utilizar el logo del Pacto en la consulta del 26 de octubre. Argumentaron que la medición no sería del Pacto como partido fusionado, sino interpartidista, es decir, entre el Polo, La Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista (PCC).

Con esta movida, abogados electorales y hasta los mismos políticos entendían que eso podía implicar que el ganador se bloquearía para participar en el Frente Amplio, que es la consulta de la izquierda y la centro-izquierda.

¿La razón? La Ley 1475 de 2011 establece que las consultas son de obligatorio cumplimiento. Es decir, que sus participantes no pueden inscribirse por otro partido en el mismo periodo electoral.

“Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”, se lee en el artículo 7 de la norma.

Por eso, Quintero se bajó de la consulta argumentando que él se había inscrito bajo las medidas cautelares que le permitía al Pacto unificado inscribir candidatos. Sin embargo, esas medidas se cayeron y el Pacto ya no podía avalar candidaturas. Además, con esa decisión del CNE, el aval de los precandidatos llegaría por la UP, el Polo o el PCC.

“Nosotros nos inscribimos para una consulta partidista y seríamos avalados por el Pacto como partido. Pero el CNE mató la consulta al convertirla en una medición interpartidista. (…)”, dijo al momento de anunciar su salida fuera del tiempo establecido.

Además, aseguró que él no quedó inscrito por ninguno de esos partidos. Es decir, que como cambiaron las reglas de juego y ninguno de los partidos lo inscribió a la consulta, él quedó por fuera de todo. 

Entonces, cómo está todo ese antecedente, la Registraduría le envió una solicitud al CNE en la que le piden al tribunal electoral que “aclare la situación” de Daniel Quintero. Es decir, que defina si está o no inhabilitado para recoger firmas y ser candidato presidencial.

El argumento central de la Registraduría es que, si bien Quintero manifestó su renuncia a la consulta, los partidos políticos nunca enviaron ningún documento en el que se aceptaba su salida de la medición. “Las consultas no son personales, sino que las convocan los partidos con personería jurídica. En este caso, son las colectividades las que debieron enviar su salida y no fue así”, dijo el registrador nacional, Hernán Penagos, en diálogo con los medios de comunicación.

Sin embargo, en el equipo de Quintero aseguran que lo único que hace la Registraduría es “prevaricar”, “no dejarles tiempo para recoger las firmas” y, por ende, presentaron una tutela con la que piden que se les respeten sus derechos políticos.

“A Daniel Quintero le están violando sus derechos políticos y no quieren que participe en las elecciones presidenciales, porque saben que él va a resetear la política. Es inverosímil que el registrador no deje inscribir un comité de firmas, porque ellos solo pueden elevar una consulta cuando se vaya a inscribir la candidatura. Es decir, después de diciembre cuando ya se tengan las firmas”, le dijo a CAMBIO Juan David Duque, jefe de campaña de Quintero.

El festival de interpretaciones y la respuesta en manos de un CNE “politizado”

“Es un tema difícil”, dicen los abogados expertos en derecho electoral, porque es claro que hay una serie de factores que golpearon la consulta del Pacto Histórico y que, si bien hay normas, hay todo un antecedente que cambia el panorama. 

De acuerdo con Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), una veeduría de las elecciones, la ley establece que la autoridad electoral entra a revisar la inscripción de candidaturas, no la de los comités de firmas. Es decir, cuando ya tengan todas las firmas. Pero dice que la decisión de la Registraduría de elevar la consulta al CNE puede ser una interpretación de esa norma y no está mal, porque es claro que Quintero intentó participar en la consulta y luego se salió por todos los enredos legales.

Además, dice que “la Ley 1465 es clara en decir que quienes hayan quedado debidamente inscritos en una consulta están obligados a la misma. Entonces, desde ese punto de vista formal, la persona estaría inhabilitada para presentarse. No obstante, Quintero alega que no está debidamente inscrito porque él se presentó por el Pacto y no por los tres partidos. Así, al existir esta situación, es el CNE el que debe dirimir el tema”.

El exregistrador Alfonso Portela también coincide con la Ley 1465 de 2011, pero insiste en que hay un antecedente que se debe tener en cuenta y que debe estar debidamente sustentado. Aunque cree que todo parece indicar que estaría inhabilitado.

“En el hecho de que de verdad no hubiese quedado inscrito a la consulta, a Quintero se le podría relevar la carga de los resultados de la misma. Es decir, que se le permitiera ir a recoger firmas. Pero aquí hay un factor agravante y es que el registrador dijo que a su entidad nunca llegó la solicitud de los partidos que pedía retirar a Quintero de la consulta. Es decir, estaba como candidato inscrito y el artículo 7 dice que se entiende como candidato a alguien cuando ‘quede inscrito’, así haya renunciado”, explicó Portela.

Mientras tanto, el abogado Hollman Ibáñez sí es enfático en decir que Quintero está inhabilitado, porque él participó en una consulta y está obligado a respetar los resultados.

Sin embargo, los tres abogados y un exmagistrado del CNE, que prefirió no ser citado, coinciden en que la definición final está en el tribunal electoral, que debe tener en cuenta las posturas de Quintero y de la Registraduría.

“Puede ocurrir cualquier cosa, porque el CNE no toma decisiones en derecho. Es un órgano politizado”, explicó el exmagistrado, que habla con justa causa. Y es cierto que hoy el Gobierno no tiene mayorías en ese tribunal y justo por eso es que ha sido tan difícil el camino de fusión del Pacto Histórico.

En otras palabras, los líos que intentó esquivar Quintero siguen sin irse.

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