La Constitución de 1991 y la democracia colombiana
En este artículo, el jurista Rodrigo Uprimny analiza si la Carta política es o no un buen marco jurídico para la democracia en Colombia, para lo cual recordará sus orígenes y sus orientaciones esenciales, para luego evaluar sus logros, pero también sus promesas incumplidas.
Por: Rodrigo Uprimny
Al cumplir 34 años, el pasado 4 de julio, nuestra Constitución enfrenta una situación ambigua: muchos colombianos (yo creería que la mayoría) la defienden por cuanto consideran que representa un gran avance democrático, que debe ser protegido. Sin embargo, ciertos sectores, en especial en círculos cercanos al presidente Petro, argumentan que la Constitución de 1991 requiere un rediseño total (e incluso que debería ser sustituida por otra) por medio de una asamblea constituyente convocada por una “octava papeleta”, por cuanto existiría un bloqueo institucional que impide transformaciones democráticas más profundas.
Este artículo discute entonces si la Constitución de 1991 es o no un buen marco jurídico para la democracia en Colombia, para lo cual recordará sus i) orígenes y sus ii) orientaciones esenciales, para luego iii) evaluar sus logros, pero también iv) sus promesas incumplidas. La conclusión a la que llego, que he planteado en varias columnas y artículos académicos previos, es que la Constitución de 1991 debe ser preservada y profundizada pues representa un acuerdo constituyente bien orientado y muy difícil de repetir, que permite seguir mejorando nuestra aún precaria democracia.
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