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Con la Constitución de 1991 a democracia se basaría en adelante en la participación activa del pueblo, dando derechos políticos a los grupos de población que habían sido tradicionalmente excluidos. Lorenzo Muelas, del Movimiento Indígena del Cauca, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Senador y Gobernador.

La evolución del sistema político y democrático colombiano después del Frente Nacional

El historiador Jorge Orlando Melo hace un minucioso recorrido por los caminos en los que ha transitado la democracia en Colombia desde la implementación del Frente Nacional, en los años cincuenta, hasta esta segunda década del nuevo milenio.

Por: Jorge Orlando Melo

Antes de la Constitución de 1991, el poder lo ejercía la ‘gente bien’. En Bogotá y en las grandes capitales, los dirigentes políticos habían construido su poder mediante la escritura en la prensa y con base en su riqueza personal, su educación y su pertenencia a las familias elegantes. Estos políticos controlaban los dos partidos, y negociaban con los principales dirigentes empresariales para definir las estrategias de gestión del gobierno.
Lograban el apoyo electoral de la población, con base en dos elementos: por una parte, la apelación a una historia mutua y centenaria de agresiones, que hacía de la pertenencia a un partido un acto heroico y emocional, que siempre se reivindicaba.

Especial Imaginar la Democracia

Por otra parte, entre 1958 y 1991, los dos partidos prometieron a los electores la paz y el progreso: la promesa de paz se basaba en el acuerdo del Frente Nacional, un sistema por el cual los políticos de ambos partidos, con el apoyo de los empresarios, distribuían todos los cargos públicos importantes. El progreso prometido estaba conformado por una legislación que ayudaría a superar algunos de los males fundamentales del país, y por una gestión ordenada del Estado para promover el progreso económico. Con base en el apoyo técnico de asesores internacionales o de tecnócratas colombianos, los gobiernos del Frente Nacional y sus continuadores, entre 1958 y 1990, buscaron crear un ambiente favorable para la inversión privada, al mismo tiempo que daban a los sectores obreros y campesinos una legislación básica que garantizaba sus derechos laborales mínimos y les prometía vagamente el acceso a la educación, la vivienda y la salud.

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