Once testigos revelan la verdad del genocidio de la UP

Hace casi 40 años el Estado colombiano trató de conjurar la violencia permitiendo el surgimiento de una fuerza política de izquierda. La Unión Patriótica se fundó en mayo de 1985 y un año después ya era un éxito electoral. Tenía 14 congresistas, 18 diputados y 335 concejales. Adquirió mucho apoyo en regiones como el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y hasta en Medellín. Pero al tiempo que la UP se convirtió en una alternativa a la política tradicional, fue declarada objetivo militar de otro fenómeno que venía multiplicándose por todo el país: el paramilitarismo. El resultado del encuentro fue el exterminio de los dirigentes de la UP, de sus integrantes y hasta de sus simpatizantes. Hoy, tras décadas de impunidad, una verdad se viene abriendo paso gracias la Jurisdicción Especial para la Paz: la responsabilidad que tuvieron altos mandos militares y políticos en este crimen.

El magistrado Gustavo Salazar, de la sala de reconocimiento de responsabilidad de la JEP, es quien lleva la investigación del macrocaso 06 que indaga, desde hace casi tres años, sobre este capítulo de la historia. Ha recogido casi 200 testimonios de víctimas, paramilitares, terceros civiles y de exintegrantes de la fuerza pública. La primera conclusión de este trabajo es que al menos 5.733 integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados o desaparecidos forzadamente. Y la segunda, que en este plan de exterminio existe una cuota de responsabilidad del Estado que, a través de la fuerza pública y el DAS en alianza con el paramilitarismo, promovió y permitió el genocidio de todo un partido.

Esta tesis se puede observar con claridad en lo ocurrido en Córdoba y Urabá entre 1995 a 1997. Una región y una época en la que el asesinato de dirigentes de la UP se disparó sin control, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se expandieron por todo el país, y en la que, coincidencialmente, el mando militar lo ostentaban generales investigados por paramilitarismo. Es en este contexto que la JEP viene recibiendo información sensible que involucra a los generales retirados Iván Ramírez Quintero, quien fuera comandante de la Primera División del Ejército y por muchos años el hombre fuerte de la inteligencia militar; Rito Alejo del Río, quien comandó la Brigada 17; Leonardo Barrero Rodríguez, comandante del Batallón Junín en la época, quien llegó a ser comandante general de las Fuerzas Militares y resultó mencionado en una investigación de la Fiscalía como aliado del Clan del Golfo; y del mayor René Sanabria, quien se desempeñaba como comandante de inteligencia de la Brigada 11.