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Justicia

Argos perdió la joya de la corona en los Montes de María

El Tribunal Especializado de Restitución de Tierras de Cartagena falló contra Argos en el caso de San Onofre, donde la cementera adelantó un multimillonario proyecto agroforestal.

El Tribunal Superior de Cartagena le ordenó a la poderosa cementera devolver 490 hectáreas a 14 familias que tuvieron que vender su tierra por cuenta de la presión de los grupos armados.

Por: Alfredo Molano

Tras casi diez años de litigio, el Tribunal Especializado de Tierras de Cartagena falló el que podría ser el caso más representativo de despojo de tierras en Montes de María. Se trata de la restitución de tierras de un enorme proyecto forestal que se había sembrado sobre predios despojados a campesinos.
La sentencia se refiere a un sembrado de teca de 490 hectáreas ubicado en el corregimiento Palmira, del municipio de San Onofre, Sucre. Allí, en 2005, la Reforestadora del Caribe, después convertida en Tekia y filial de la cementera Argos, se valió del contexto de violencia y conflicto armado para comprarles tierras a los campesinos desplazados y adelantar un gran proyecto forestal con el propósito de compensar en algo la contaminación generada por las fábricas de cemento de Argos, proyecto quel, hoy, está cerca de ver sus frutos.

La decisión del Tribunal de tierras le ordenó a Argos devolver 20 predios a 14 familias campesinas a las que la cementera les compró la tierra después de la desmovilización paramilitar. “Los inmuebles restituidos son colindantes y están situados en el corregimiento Palmira, donde, entre los años 2005 y 2007 la empresa Tekia S.A.S, antes llamada Reforestadora del Caribe, compró a los lugareños decenas de predios para englobar y desarrollar un proyecto agroindustrial de teca”, señala el comunicado de la Unidad de Restitución de Tierras.

De igual manera, el tribunal especializado basó su decisión en el análisis de contexto en el que se desarrolló el negocio jurídico y da cuenta de que antes de que la cementera llegara a la región los predios comprados “eran fincas altamente productivas, dedicadas por las familias a la ganadería y al cultivo de alimentos, actividades que fueron interrumpidas por la presencia de grupos armados ilegales que cometieron hechos victimizantes en contra de la población”. La sentencia sostiene que el despojo se consumó con el cambio en el uso del suelo, y ya habiendo surtido un proceso de desplazamiento de las familias propietarias y de legalización de la compra de las tierras.

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