Mataron civiles y manipularon sus cuerpos: esta es la conclusión de la Fiscalía sobre el operativo militar en El Remanso, Putumayo.
En marzo de 2022, el Ejército Nacional relizó una dudosa operación militar en el Alto Remanso, Putumayo, hoy la Fiscalía asegura que allí hubo graves violaciones a los derechos humanos.
CAMBIO conoció detalles de la imputación contra 25 uniformados. La investigación revela que el gobernador indígena Pablo Paduro fue asesinado en estado de indefensión y le plantaron un fusil para hacerlo pasar por guerrillero. Otros civiles asesinados ese día fueron el presidente de Junta de Acción Comunal Divier Hernández y su esposa embarazada Ana María Sarrias. La escena fue manipulada pero sí había miembros de las disidencias.
Por: Alfredo Molano
Ha pasado un año y cinco meses desde el día en que el Ejército ejecutó un dudoso operativo militar en la vereda Alto Remanso, Putumayo, en el que indígenas y campesinos de Colombia, Ecuador y Perú realizaban un animado bazar comunitario. Despuntando la madrugada del tercer día de fiesta, un grupo de 24 soldados asaltó el lugar y presentó como resultado "la baja de 11 integrantes de las disidencias”. El operativo contó con el respaldo del entonces presidente Iván Duque, de su ministro de Defensa, Diego Molano, y del comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, quienes lo defendieron públicamente a capa y espada. Sin embargo, para la Fiscalía hoy no cabe duda de que allí hubo una grave violación a los derechos humanos.
La tesis de la Fiscalía confirma la investigación conjunta realizada por CAMBIO, El Espectador y Vorágine, en la que se denunció que ese 28 de marzo el operativo contra alias Bruno, jefe de los Comandos de la Frontera, terminó en una masacre en la que el Ejército asesinó a varios civiles y manipuló sus cuerpos para hacerlos pasar por guerrilleros con los mismos artificios de los falsos positivos. Desde entonces, la Fiscalía desplegó un equipo interdisciplinario que contó con expertos balísticos, médicos forenses, topógrafos y fiscales de la Unidad de Derechos Humanos. El material recogido, según pudo constatar CAMBIO, revela que el gobernador indígena Pablo Paduro murió como consecuencia de un tiro de fusil disparado por uno de los uniformados y que el arma que se encontró cerca de su cuerpo nunca fue accionada ni manipulada por él, sino que le fue plantada con el ánimo de desviar la investigación. Además, existe una evidencia incontestable: los muertos son 11 y las armas encontradas son cinco, al menos 6 de ellos no tenían cómo disparar contra el Ejército.
El gobernador indígena Pablo Paduro murió como consecuencia de un tiro de fusil disparado por uno de los uniformados y el arma que se encontró cerca a su cuerpo nunca fue accionada ni manipulada por él, por lo que le habría sido implantada con el ánimo de desviar la investigación
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