Exclusivo: La historia de la juez militar que enterró los crímenes de los falsos positivos

“Trabajaba cuando se le pegaba la gana”, “los expedientes en su despacho eran descuartizados”, “no practicaba las pruebas solicitadas, se le perdían y dejaba vencer los términos procesales”, “las denuncias por homicidios no prosperaban en su juzgado”. Estos son algunos de los motivos por los que sacaron a la mayor María Teresa Ladino, jueza 25 de instrucción Penal Militar, con sede en Rionegro, Antioquia, junto a su secretaria, Claudia Patricia Jurado Echeverry. Cuando la justicia militar tomó esta decisión, ella se encontraba en México, donde adelanta estudios para ascender a coronel.

El asunto pasó inadvertido en el maremágnum de hechos noticiosos y escándalos virales, pero la investigación interna dio cuenta de que Ladino y su secretaria ocupaban el deshonroso puesto del juzgado más ineficiente de Colombia, en un país en mora judicial. La dirección de la Justicia Penal Militar también encontró que de ese juzgado nunca salía un expediente donde un uniformado hubiera cometido un homicidio. Allí, en el segundo municipio del departamento con más falsos positivos, los uniformados tuvieron patente de corso para delinquir. Una vez llegaban las denuncias, la jueza y su secretaria desplegaban una eficiente estrategia para que la investigación fuera archivada, viciada o prescrita.

¿Cómo llegó Ladino a ese cargo? ¿Qué hechos y decisiones garantizaron que pudiera ejercer tal impunidad por dos décadas?