JEP califica crímenes contra la UP como un genocidio e imputa a cinco altos exmilitares

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este martes dos decisiones históricas, una en el Caso 04, sobre la situación territorial de la región de Urabá, y la otra en el Caso 06, centrado en el exterminio de los miembros del partido político Unión Patriótica (UP). Síganos en Google Discover para que se mantenga bien informado. CAMBIO, la verdad siempre La JEP califica ataques contra la UP como un genocidio e imputa a cinco exmilitares La Sala de Reconocimiento determinó que la campaña de violencia ejercida contra los miembros de la Unión Patriótica entre 1984 y 2007 constituye un genocidio político, por lo que tomó la decisión de renombar el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica”. La decisión se basa en el análisis acumulado de 22 audiencias públicas y en la evidencia que muestra que miles de sus militantes, simpatizantes y dirigentes fueron asesinados, desaparecidos, desplazados o forzados al exilio en un ataque sistemático cuyo fin último era exterminar al partido. Por concebir e implementar la violenta política contrainsurgente, la JEP imputó como máximos responsables del crimen de genocidio a título de coautores, al mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, al brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas y a los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez. Iván Ramírez Quintero. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad les imputó a los cinco comparecientes de la fuerza pública el crimen de genocidio (en aplicación del Artículo 101 del Código Penal colombiano), así como el crimen de guerra de homicidio y los crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de la población y otros actos inhumanos. Según la JEP, la violencia contra la UP dejó 8.929 víctimas en total, de las cuales más de 5.700 fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente. El tribunal documentó, además, 1.959 víctimas de desplazamiento forzado y 42 casos de exilio, así como el asesinato de dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales. La Sala explicó que el ataque contra la UP constituyó un patrón macrocriminal sostenido que comenzó desde el origen mismo del partido, creado en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc EP. Aunque desde 1987 la organización se separó formalmente de las Farc-EP, distintos actores estatales y armados continuaron equiparándola con las Farc-EP y justificando la persecución contra sus integrantes. La CIDH culpabilizó al Estado colombiano por el genocidio cometido en contra de la Unión Patriótica | Crédito: Colpresna Una parte fundamental del análisis provino de documentos encontrados en los archivos de la antigua Brigada XX de inteligencia militar, la Brigada 17 y la Primera División del Ejército. En esos archivos aparecieron reportes que equiparaban a la UP con las Farc EP y detallaban seguimientos a dirigentes del partido. La JEP también halló un archivo con los nombres y datos de 2.624 militantes etiquetados como “UP-Farc”, de los cuales 163 fueron posteriormente asesinados, desaparecidos, exiliados o víctimas de atentados. Nunca más: la historia de María Seneida, de apenas 13 años, abusada por paramilitares y ejecutada por el Ejército La violencia contra la UP se concentró en regiones como Urabá, el Ariari-Guayabero, el Magdalena Medio, el nordeste antioqueño, el piedemonte llanero, así como en ciudades como Bogotá y Medellín. JEP: Urabá fue un laboratorio de guerra con múltiples actores armados Sobre el macrocaso 04, la Sala de Reconocimiento imputó por primera vez de manera conjunta a exintegrantes de las Farc EP, miembros de la fuerza pública y terceros civiles por crímenes cometidos en Urabá. Ocho antiguos miembros de las Farc-EP del Bloque Noroccidental y de los frentes 5, 34, 57 y 58 fueron identificados como máximos responsables. A ellos se suman 21 miembros retirados de la fuerza pública, entre los que se encuentran los generales en retiro Alejandro Miguel Navas Ramos, Édgar Ceballos Mendoza, Emiro José Barrios Jiménez y Rito Alejo del Río Rojas. La Sala concluyó que los imputados cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos homicidios individuales y masacres, desapariciones forzadas, ataques contra bienes de las comunidades, despojo de tierras, daño ambiental, desplazamiento forzado, privaciones ilegales de la libertad, tortura, violencia sexual y el empleo de métodos prohibidos por el derecho internacional humanitario. Estos hechos se enmarcaron en afectaciones sistemáticas a comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de Urabá. Magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín, relatora del Caso 04 | Crédito: Colprensa También se señaló como responsables a cinco terceros civiles, todos exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba: Benito Osorio Villadiego, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Jaime García Exbrayat y Carmelo Esquivias Guzmán. Según la JEP, cada uno cumplió un rol específico que facilitó el despojo de tierras en Urabá. Benito Osorio, quien era el gerente del Fondo Ganadero en ese periodo, ejecutó las decisiones adoptadas por la junta directiva, entre ellas la compra masiva de predios a precios muy inferiores a su valor comercial. Fue él quien presentó ante la junta a Sor Teresa Gómez, delegada de la casa Castaño, como la persona encargada de desarrollar la estrategia de adquisición de tierras. La casa del horror: exmilitar confiesa que secuestraban y enseñaban a disparar a personas vulnerables para ejecutarlas Por su parte, Benito Molina, Luis Gonzalo Gallo y Jaime García Exbrayat aprobaron esa modalidad de compra y respaldaron el cambio de la razón social del Fondo Ganadero, lo que convirtió a la entidad en un medio para la compra de predios en zonas donde se estaba consolidando el control territorial paramilitar. Exposición "Horizontes seguros, un camino hacia la restauración” creada por víctimas del conflicto y firmantes de paz en el Urabá | Crédito: Colprensa El tribunal identificó tres patrones macrocriminales en el Urabá: la eliminación de civiles por parte de las extintas Farc-EP y de miembros de la fuerza pública, quienes los calificaron como “enemigos”, especialmente entre 1994 y 1997; el vaciamiento del territorio para facilitar el despojo de tierras y permitir la llegada de nuevos actores armados o civiles aliados, como integrantes de la fuerza pública, paramilitares y terceros civiles; y el control sociocultural y territorial, ejercido mediante la imposición de normas, la vigilancia y el amedrentamiento de las comunidades. De acuerdo con la JEP, la investigación del Caso 04, abierta en 2018, se construyó a partir de información de más de 54.000 víctimas, ha contado con la participación de 808 víctimas individuales y 53.864 víctimas pertenecientes a 131 sujetos colectivos, incluidas comunidades étnicas altamente afectadas por la violencia en la región. Esta es la primera vez que la JEP imputa responsabilidades simultáneas a exguerrilleros, exmilitares y civiles .

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