Los retos claves para implementar las sanciones de la JEP contra los exjefes de las Farc, según la Defensoría
Tras la sentencia restaurativa contra excomandantes de las Farc, dictada por la JEP el lunes 16 de septiembre, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín Ortiz, habló sobre los retos clave frente a la implementación de las sanciones.
Por: Valentina Giannini
Dos días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) diera a conocer su primera sentencia restaurativa, la defensora del pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la decisión. De acuerdo con Marín, la sentencia, que reconoce 28 tipologías de daños causados a las víctimas en su dignidad humana, también demuestra que “aún existen retos clave frente a la implementación de las sanciones de la JEP”.
“Por primera vez, los máximos responsables de las Farc responden ante la justicia por su responsabilidad en, al menos, 21.396 secuestros cometidos como parte de una política ejecutada dentro de un plan a gran escala”, señaló.
El fallo hace parte del macrocaso 01 de la JEP, que investiga las privaciones de libertad cometidas por las Farc en desarrollo del conflicto armado en Colombia. Por ella, siete exintegrantes del grupo armado recibieron una sanción restaurativa de ocho años y aceptaron toda su responsabilidad en más de 21.000 casos de secuestro.
Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre la primera sentencia de la JEP en el Caso 01.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 18, 2025
Por primera vez, los máximos responsables de las FARC-EP responden ante la justicia por su responsabilidad en al menos 21.396 secuestros, cometidos como parte de una política… pic.twitter.com/dvBjSlGc9l
Los exguerrilleros “fueron declarados penalmente responsables por los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidios, así como por crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas”. Sin embargo, la pena no los llevará a la cárcel por tratarse de un caso de justicia restaurativa.
Frente al caso, la defensora destacó dos condiciones: la primera, que “los antiguos miembros del secretariado dejaron las armas y finalizaron el conflicto armado que existía con las Farc”, y la segunda, que “reconocieron su responsabilidad”. Así mismo, celebró los actos de memoria y reparación simbólica que traerá consigo la sentencia.
No obstante, también reconoció los retos que exigen esta clase de sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Los retos clave frente a la implementación de las sanciones
La Defensoría del Pueblo, a través de sus redes sociales, asegura que “aún existen retos clave frente a la implementación de las sanciones de la JEP”.
De acuerdo con la institución estatal, aún no hay claridad sobre cómo se compatibilizarán con el ejercicio político, por lo que la consulta a las víctimas en los próximos 30 días será esencial para fortalecer su participación y la legitimidad de las sanciones.
Así mismo, según la defensora, aunque las sanciones son restaurativas, estas también deben tener un carácter retributivo “mediante restricciones de movilidad y condiciones específicas bajo supervisión de la JEP y de la ONU”.
La sentencia “es restaurativa y retributiva, es decir, debe generar una aflicción que se traduce en restricciones de movilidad dentro de ciertos espacios”, sostuvo. “Se deben ejecutar en el cumplimiento de precisiones de horario, definición de salidas para el desarrollo de actividades y el acceso a territorios”, añadió.
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