Ley de encuestas: ¿cuál es el rol del CNE?

La Ley 2494 de 2025 surge en un momento especialmente sensible para la democracia colombiana, marcado por cuestionamientos sobre la confiabilidad de las encuestas político-electorales y la circulación de estudios sin ficha técnica en redes sociales. No obstante, la regulación no parte de cero. Antes de esta norma, el Consejo Nacional Electoral ya exigía, mediante la Resolución 23 de 1996, el Registro de Firmas Encuestadoras y establecía que solo podían publicarse encuestas realizadas por entidades inscritas y bajo criterios que evitaran inducir respuestas. En ese sentido, la nueva ley no crea el control, sino que actualiza y fortalece un esquema de supervisión ya existente, lo que abre interrogantes sobre su alcance real y los desafíos de su aplicación.

En este contexto, el conversatorio “Ley de encuestas: ¿cuál es el rol del CNE?” propone analizar el alcance efectivo de la Ley 2494 de 2025 y el papel que desempeña el Consejo Nacional Electoral en su implementación y vigilancia.

El espacio se estructurará en tres momentos. En el primero, se analizará el contexto que dio origen a la reforma, los problemas estructurales que buscó corregir y los retos institucionales que implica su implementación. En el segundo, un panel de reglas y garantías que examinará la actualización normativa en materia del registro de firmas encuestadoras, auditoría, sanciones y libertad de expresión, así como los límites y garantías del nuevo marco normativo. Finalmente, un panel técnico abordará el rigor metodológico de las encuestas: cómo se construyen, qué estándares deben cumplir y cómo puede la ciudadanía distinguir entre un estudio serio y uno metodológicamente débil.

El objetivo central del conversatorio, organizado por CAMBIO y el CNE, es ofrecer una discusión rigurosa —jurídica, técnica e institucional— que permita entender si esta ley transforma realmente la manera en que se producen y difunden las encuestas en Colombia, cuál es la capacidad real de vigilancia de la autoridad electoral y cómo equilibrar transparencia, pluralidad y libertad de expresión en el debate democrático.