La lentitud del sistema judicial para proteger la Amazonía
Hace unos días un fallo judicial ordenó al Estado colombiano erradicar la minería ilegal en el río Caquetá y los afluentes en donde habitan las comunidades indígenas bora y miraña. Sin embargo, su aplicación se podría demorar por cuenta de las impugnaciones presentadas por el Dapre y los ministerios demandados.
Mientras que la minería ilegal avanza a pasos agigantados, las tutelas y acciones populares interpuestas para proteger la Amazonia reposan por años en los escritorios de los estrados judiciales, hecho que pone en riesgo la preservación de esta región y la vida de sus habitantes.
En días pasados se conoció una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en respuesta a una acción popular interpuesta por el procurador 29 judicial II ambiental y agrario, Ramón Laborde, en representación de las comunidades del territorio ancestral de los bora y miraña de la Organización PANI y en contra de la Presidencia de la República y varios ministerios.
El fallo declaró vulnerados “los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico (…) de las comunidades bora y miraña al permitir el vertimiento indiscriminado de mercurio” en el río Caquetá. Y ordena a la Presidencia y otros ministerios implementar la “Estrategia para la prevención, control y corrección del manejo de actividades mineras en la cuenca del río Caquetá”.
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