¿Qué pasó con la reforma a la Policía?

Hace un año, miles de manifestantes se tomaron las calles de las principales ciudades del país para protestar –en principio– por un proyecto de reforma tributaria que castigaba los bolsillos de la clase media y –de paso– exigirle al presidente Iván Duque mayor atención en temas que eran prioritarios para la ciudadanía desde el comienzo de su gobierno: una reforma al sistema de salud, mejores oportunidades de educación y empleo para los jóvenes, implementación plena de los Acuerdos de Paz y el respeto a la vida de los líderes sociales de todo el país. Sin embargo, la petición que más resonó al final –por el aumento sistemático de la represión oficial a partir del paro de 2019– fue la de una reforma a la Policía.

A la petición de una reforma a la Policía, el Estado respondió con la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha sido considerada por muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos como una nueva mordaza a las manifestaciones, entre otras cosas porque elimina la responsabilidad penal cuando se esté protegiendo la propiedad privada, aumenta las penas frente a la obstrucción de vías públicas y castiga a quienes usen elementos como máscaras o capuchas que oculten su identidad. “La legítima defensa lo que promueve es la justicia por mano propia, además de que no analiza la proporcionalidad de la respuesta –dice Juliana Hernández, directora ejecutiva de la Organización Artemisas, un espacio que hace seguimiento a la incidencia política y social de las mujeres en Colombia–. Además, el aumento de penas frente a la obstrucción de vías públicas, o a quienes usen elementos que oculten su identidad es grave porque termina afectando la libertad y la autoprotección frente a la protesta”.

Camino a la impunidad