
El manoseo del proceso de paz
“La falta de diferenciación entre los crímenes ordinarios y los políticos, así como el estudio separado de las distintas maneras en las que estos últimos pueden manifestarse, tuvo como principal resultado la pérdida del plebiscito sobre la paz, pero también condujo a la división del país en torno al acuerdo con las FARC-EP”.
Por Yesid Reyes Alvarado
Los cuestionamientos que se han venido haciendo en Colombia en torno al proceso de paz impulsado por el presidente Santos han tenido como principal hilo conductor el cálculo electoral. El plebiscito terminó convertido en un pulso entre dos grandes líderes, que necesariamente tendría trascendencia en las siguientes elecciones presidenciales; en su propósito de conseguir los mejores réditos en las urnas, se impulsó la plataforma del “no” con cualquier idea que permitiera deslegitimar las negociaciones con las FARC-EP. Se evadió el debate sobre la naturaleza del conflicto armado en Colombia y sobre la viabilidad de un proceso de paz como opción internacionalmente válida para terminarlo; el propósito era, como expresamente se reconoció, conseguir “que la gente saliera a votar verraca” en contra de lo convenido en La Habana, como finalmente ocurrió.
Entre los argumentos que se utilizaron para persuadir a la gente de la inconveniencia de avalar lo pactado, se dijo que no había ninguna razón para conceder un trato privilegiado a quienes habían cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, mientras miles de personas eran llevadas a cárceles ordinarias por pequeñas infracciones contra el patrimonio económico. Con este razonamiento se buscaba generar irritación en la opinión pública mostrando el acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC-EP como una manifestación de debilidad comparable a la que se presentaría si a cada sujeto que comete un robo, una estafa, un homicidio o un acto de corrupción se le permitiera saldar su deuda con sanciones alternativas a la de prisión. El planteamiento buscaba explotar la indignación que existe en Colombia por los altos niveles de impunidad, mostrándoles a los ciudadanos lo que le podría esperar a un país que renunciara a la aplicación de sus leyes penales. En medio de esa polémica muchos, incluido el presidente Santos, terminaron por admitir una cierta incompatibilidad entre los conceptos de paz y justicia, lo que en el fondo legitimaba el discurso de quienes buscaban equiparar el proceso de paz con la ausencia de justicia.
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