Ley de garantías: el otro dolor de cabeza para los contratistas por prestación de servicios
Además de la incertidumbre por el Plan de Formalización del Empleo Público, los contratistas por prestación de servicios del Estado le suman una nueva preocupación: la ley de garantías electorales. ¿Cómo los puede afectar?
Este año inició lleno de presiones para los cerca de 700.000 contratistas por prestación de servicios que trabajan para las entidades estatales en Colombia. Por un lado, los acosa el Plan de Formalización, que ya tiene en marcha el Gobierno nacional; por otro, la Ley de Garantías Electorales, que aprieta mucho más cuando se acercan los comicios.
El objetivo del Gobierno de Petro es reducir tanto como se pueda la vinculación de personas a través de los contratos por prestación de servicios, porque considera que no dignifican a los trabajadores y encubren relaciones laborales, a pesar de ser un contrato civil sin derecho a prestaciones sociales.
Desde los primeros días de este año, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) fijó un plazo de cuatro meses a que todas las entidades estatales del orden nacional y territorial para que hagan estudios técnicos y determinen cuántos contratos se van a suprimir y cuántas plazas temporales se crearán.
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