
Manuel Castañeda, testigo del caso de corrupción de la UNP, no está bajo custodia del Inpec, sino del Ejército
La nueva diferencia entre el Presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa.
Una nueva discrepancia surgió entre el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía por cuenta de la seguridad de un testigo en el caso de corrupción de la UNP. Aunque la Fiscalía advirtió que la seguridad del testigo no le compete a la entidad sino al Inpec, fuentes del instituto le dijeron a CAMBIO que el testigo está bajo custodia en una guarnición militar.
Por: Sylvia Charry
Este miércoles 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter que el testigo de los cargamentos de cocaína que transportaban en carros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y del cartel los carros blindados había sido golpeado dentro de la cárcel “para intimidarlo” y por eso, le pidió al fiscal general, Franciso Barbosa, que le diera las garantías suficientes para que el país conociera la verdad de “uno de los peores hechos de corrupción dado que expone a todas las personas amenazadas en Colombia”. Horas después, la Fiscalía le respondió al presidente: la seguridad del testigo no le compete a la entidad sino al Inpec.“No es cierto que el testigo en mención esté en poder de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de una persona que está privada de la libertad en un establecimiento carcelario, cuya garantía de protección corresponde al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- no a la Fiscalía General de la Nación”, dice la Fiscalía en el comunicado.
CAMBIO pudo establecer que no es cierto que el testigo Manuel Castañeda, capturado en flagrancia el año pasado con 168 panelas de coca en una camioneta de la UNP y uno de los que transportó a alias Matamba en su fuga, esté en poder del Inpec.
Fuentes del instituto carcelario le confirmaron a CAMBIO que, desde el año pasado, por evaluación de riesgo, Castañeda fue trasladado de la cárcel la Picota de Bogotá a la cárcel de Cómbita en Boyacá; y luego, para garantizarle una mayor seguridad por amenazas en su contra, a finales del año pasado fue trasladado a un batallón militar de Facatativá. Es decir, su custodia o “protección” ya no está bajo la responsabilidad del Inpec sino del Ejército.
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