La costa pacífica sigue siendo escenario del aumento de desplazamiento en el país

La Defensoría del Pueblo presentó este miércoles, 31 de mayo, su último informe de desplazamientos forzados durante los primeros cinco meses del 2023 en el país. Entre enero y mayo se presentaron 43 desplazamientos, que equivalen a 6.081 familias, es decir, 15.437 personas.

El organismo estatal advierte que los departamentos del Pacífico son los que reportan el número más alto de eventos masivos de desplazamientos en el territorio nacional: Nariño (17), Valle del Cauca (10), Chocó (4), Cauca (3), seguidos de Caquetá, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Vaupés, Antioquia, Meta y Córdoba, con un evento cada uno.

“Este reporte sobre desplazamiento nos muestra que los grupos armados ilegales deben dejar por fuera de las acciones bélicas a la población civil, necesitamos verdaderos gestos que permitan avanzar en la paz total que adelanta el Gobierno Nacional”, afirmó Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.

Los enfrentamientos entre grupos armados son la principal causa para que las comunidades se desplacen, con 25 de los 43 eventos; luego siguen las amenazas, con ocho, y los homicidios y la presencia de grupos armados en los territorios, con cuatro eventos cada uno.

El último caso reportado ocurrió en el departamento del Chocó, en el que aproximadamente 1.500 personas de comunidades étnicas huyeron a las cabeceras municipales de Istmina y Nóvita por los enfrentamientos armados entre integrantes del ELN y el Clan del Golfo.

En el informe, la Defensoría del Pueblo revela que febrero fue el mes en el que se presentaron más desplazamientos, con trece casos.

“Cuando hay un desplazamiento forzado de la población no solo genera miedo y zozobra en las comunidades, también afecta los derechos a la alimentación, la vivienda digna, al trabajo, a la educación, y pone en una condición de vulnerabilidad a las comunidades que lo padecen”, afirmó Camargo.

El defensor del pueblo hizo un llamado a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones de octubre próximo, para que incluyan en sus programas de gobierno partidas presupuestales que permitan atender de manera digna e inmediata a las personas y familias que son víctimas del desplazamiento forzado.