Procuraduría advierte otra vez riesgos en el PAE poco antes del reinicio de clases

La Procuraduría General de la Nación advirtió riesgos en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que afectaría a cerca de 306.000 niños y adolescentes, a pocos días del reinicio de clases.

El Ministerio Público conoció por el informe de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) que hay alertas en 4 de las 97 entidades territoriales certificadas.

Las regiones en riesgo son Cauca, Córdoba, La Guajira y Magdalena, las cuales han presentado problemas con diligencias contractuales y trámites administrativos, además de la falta de recursos.

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Así mismo, de acuerdo con el informe, en los departamentos de Caquetá, La Guajira y los municipios de Montería, Neiva, Pitalito, Sahagún y Villavicencio, se reportan inconvenientes para continuar con la prestación del servicio durante el segundo semestre del año, debido a la insuficiencia de recursos, lo que impediría que el PAE funcione hasta el último día del calendario académico. En esta situación, 258.000 beneficiarios se verían afectados.

Por ello, la Procuraduría seguirá adelantando acciones preventivas. También, acudirá a las autoridades competentes para que realicen los procedimientos correspondientes y se garanticen los derechos fundamentales de los beneficiarios PAE.

Además, se verificarán los procesos contractuales y se solicitará al Ministerio de Educación información sobre los trámites para la asignación de recursos y la distribución de recursos adicionales.

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Caso del PAE en Magdalena

La Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios de la Gobernación de Magdalena por presuntas irregularidades en la contratación y entrega de los alimentos del PAE que se han presentado desde marzo de este año en 28 municipios del departamento.

Luego de una revisión a los términos de contratación del PAE departamental para la vigencia 2023 y visitas en los diferentes planteles beneficiados con el programa, el ente de control evidenció presuntas falencias en el servicio ofrecido por el operador del contrato, que habrían llevado a la interrupción abrupta del suministro de alimentos en todos los municipios beneficiarios del programa.

El Ministerio Público asegura que las acciones ejecutadas por la gobernación no han sido suficientes para garantizar la continuidad de la entrega de alimentos.

La Procuraduría detalla que, en sus visitas a los colegios de Magdalena, encontró instalaciones y equipos como refrigeradores, estufas y menaje (de las cocinas que utiliza el contratista) en mal estado, ausencia de elementos de aseo y falta de pago a las personas encargadas de preparar los alimentos.

Por otro lado, en los colegios que no tienen cocinas ni comedor, se halló que algunos de los kits alimenticios se entregaban sin refrigerar y, de acuerdo con lo manifestado por los niños, les ocasionaban dolores de estómago.

Entre los documentos solicitados para determinar responsabilidades y definir si realiza apertura formal de investigación, están las identidades, hojas de vida, actas de posesión y funciones específicas de los servidores públicos de la gobernación responsables de la contratación y administración del PAE.

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