El mayor reto de reemplazar la prohibición de las drogas es acabar con la narcocultura

Operaciones como la Sky en el puerto de Antwerp (Bélgica) son usuales. Unos 1.600 policías de las fuerzas especiales intervinieron una madrugada, y tras un largo día y 200 allanamientos, incautaron 27 toneladas de cocaína por 1.200 billones de euros. Fue una de tantas operaciones exitosas de 2021. Planeadas al detalle durante meses, enriquecen los archivos digitales y llenan de medallas los pechos de los oficiales. Los comunicados de prensa son estándar y cambian apenas fecha y cantidades de kilos y valores. Pero el abastecimiento sigue intacto.

Las estructuras que controlan el negocio reciben, sin inmutarse, la noticia en un chat cifrado. Alguien ha fracasado, una ruta y un capo se han quemado. De inmediato activan otra ruta, otro capo surge y la red se reconecta. El negocio sigue próspero en Europa y Asia, donde el precio del kilo se paga al doble que en Estados Unidos, con riesgos menores. En Europa no hay DEA ni fuerzas con la misma experiencia en drogas. Los carteles andinos han sido desplazados de la parte gruesa del negocio. Se quedaron en la entrega a 1.200 dólares el kilo en costas y fronteras locales.

El valor se agrega en la cadena de transporte, en la red de corrupción y en la distribución al consumidor final. Para el campesino productor de hoja y pasta, el negocio se acaba. No hay tanto comprador porque la sobreoferta tras cinco años sin Farc ni paras liberó los controles de entrada. El incumplimiento olímpico de los acuerdos de La Habana diseñados para evitar que ocurriera lo que ocurrió, los incumplió el gobierno de Duque como si les hiciera un daño a las ya inexistentes Farc y no al país al dejar abandonados a su suerte los territorios narcos.