“El palo no está para cucharas”: Lafaurie frente a los decretos del gobierno sobre la tierra y las movilizaciones

Al tiempo que, en Suárez, Cauca, se firmaba un Acuerdo entre el Gobierno y el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, en Corinto, también en Cauca, el EMC se daba bala con el ELN y, hoy, arrogante, culpa a la Fuerza Pública por intervenir, como si nuestros héroes pudieran abandonar a su suerte a las comunidades aisladas o desplazadas.

Esta historia de violencia se repite en la Colombia cocalera, cada día más extensa: en Chocó, Nariño, Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar y donde quiera que esa mancha verde-clara de coca se expande, destruyendo, corrompiendo y afectando también a la Colombia urbana, con su secuela de inseguridad por cuenta de las bandas del microtráfico, que mostraron su poder durante el ataque terrorista disfrazado de estallido social y “movilización ciudadana”.

En marzo, la “movilización campesina” en Los Pozos, Caquetá, con alerta temprana de Procuraduría y Defensoría sobre infiltración de las disidencias, terminó con un campesino asesinado, un policía degollado y 70 compañeros en “cerco humanitario”, ¡vaya eufemismo!; las instalaciones de la petrolera Energy destruidas y el retiro de la empresa, con pérdida de empleos, regalías, impuestos… ¿Quién ganó?, el grupo ilegal, que fortaleció su control territorial sobre una población sometida y hoy empobrecida.