Sin paga y endeudados: el drama de las ollas comunitarias que contrató la UNGRD en Bolívar

“A mi me tocó sacar a crédito carne y verduras para echarle a la olla y no he tenido cómo pagar”: este es solo uno de los testimonios de las más de 100 personas que fueron contratadas en noviembre de 2023 para poner en marcha el programa de ollas comunitarias en Bolívar. Después de seis meses, los trabajadores no han recibido salario, ni el pago de sus prestaciones sociales. Varios de ellos están endeudados porque les tocó poner de su bolsillo para cubrir los alimentos diarios.

El programa de ollas comunitarias es una de las estrategias bandera del Gobierno de Petro para atender poblaciones vulnerables y garantizarles raciones de alimentos dignas. En el caso de Bolívar, la estrategia se lanzó en noviembre del año pasado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres (UNGRD). El objetivo en ese momento era entregar 261.000 raciones de comida en tres meses en la mayoría de los municipios del departamento.

Con el programa se esperaba atender especialmente a las comunidades afectadas por desastres naturales, así como a quienes estuvieran en el Registro Único de Damnificados para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño. Pero la implementación de las ollas comunitarias empezó a levantar sospechas cuando aparecieron los detalles del escándalo de corrupción en la UNGRD.

Habitantes de Córdoba y La Guajira denunciaron a principios de este año que el programa nunca se implementó –o no como se había prometido– a pesar de que sí se desembolsó el dinero. La misma UNGRD, con la nueva administración de Carlos Carillo, expresó su preocupación por la ejecución del contrato para las ollas en La Guajira. La Procuraduría también inició una investigación en junio pasado para determinar si los recursos fueron a parar a bolsillos de particulares o a campañas políticas de las pasadas elecciones regionales.

En la olla y sin solución a la vista

Pero Córdoba y La Guajira no son los únicos casos de irregularidades en la implementación de las ollas comunitarias. En Bolívar, decenas de trabajadores, quienes se pusieron el overol para sacar adelante la iniciativa, hoy están en una situación crítica.

Según Orlando Marrugo Vega, vocero y líder de los denunciantes: “El programa culminó en marzo y a la fecha el operador no ha pagado los salarios de los y las manipuladoras”. Marrugo agregó que los operadores “tampoco han terminado de enviar el dinero de las verduras y las proteínas. Para comprar eso nos tocó a crédito”. Más de 150 personas serían damnificadas.

Una de ellas es Delcy, contratada por la Fundación Mi Abuelo y Yo de manera verbal. Según cuenta, un conocido la recomendó, la contactaron, le prometieron un salario mínimo y prestaciones sociales, pero a la fecha solo le han pagado parte de un salario. “Ni siquiera hubo un contrato formal. Solo preguntaron en la comunidad, nos ubicaron y aceptamos por la promesa de un sueldo”, dijo Delcy.

Eso sí, ella, junto con otras cocineras y manipuladoras de alimentos, se encargaron de cumplir con todas las raciones durante los tres meses que duró la vinculación.

“No podíamos dejar a la gente sin comer. Hasta me tocó sacar a crédito carne y pollo y no he podido abonar nada”, explicó Delcy.

Jorge, otro de los denunciantes, explicó que un vecino lo refirió para trabajar en una de las ollas como manipulador de alimentos. Aceptó porque parecía una buena oportunidad frente al desempleo. “Al principio se veía un buen chance. Por eso dije que sí, estaba apurado por esos días y necesitaba el trabajo”, comentó. Sin embargo, cuando llegó el primer mes, la paga no apareció y los operadores no volvieron a responder.

“La primera vez llegaron y entregaron los insumos para las raciones. Luego entregaron cada vez menos y, cuando empezaron a quedar mal con los salarios, no respondieron más”, explicó Jorge.

Los operadores contratados por la UNGRD para implementar las ollas en Bolívar fueron dos fundaciones: Mi Abuelo y Yo y Corporación Multiactiva Revive Tú Esperanza (Comulres). Esto a pesar de que el programa fue concebido para aprovechar las llamadas 'Alianzas Público-Populares', es decir, el Estado contrata directamente con organizaciones sociales o Juntas de Acción Comunal.

En el caso de Comulres, fundación con sede en Cartagena, esta es una habitual contratista del ICBF. Entre 2021 y 2023 se firmaron 12 contratos con esa entidad por un valor total superior a los 25.000 millones de pesos, para atender poblaciones vulnerables en Magdalena y La Guajira.

Justamente en febrero pasado, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, denunció una red de corrupción y acumulación de contratos en la regional de esa entidad en La Guajira. Sin embargo, hasta el momento los nombres de los funcionarios y las empresas involucradas se mantienen confidenciales. A Comulres tampoco se le ha adjudicado ningún otro contrato en lo que va de 2024.

Por otro lado, Mi Abuelo y Yo también tiene sede en Cartagena, pero –a diferencia de Comulres– no había sido contratista del Estado.

A esta fundación se le autorizó una orden de proveeduría por 3.480 millones de pesos para entregar raciones de alimentos en Turbaco, Arjona, Carmen de Bolívar, Villanueva, Simití, Turbana, María La Baja, El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto y Río Viejo. La orden fue firmada por el subdirector general Víctor Meza Galván, salpicado en el escándalo de corrupción, y aprobada por el corrupto confeso Sneyder Pinilla.

Según dicen los denunciantes, las pocas explicaciones que han dado las fundaciones consisten en que, al parecer, la UNGRD no les ha querido pagar la totalidad del dinero de los contratos. Supuestamente les devuelven la documentación con frecuencia. “Ya casi ni nos contestan el teléfono, eso es muy preocupante. Y las pocas veces que lo han hecho es para decir que la UNGRD no ha girado la plata”, dijo una de las denunciantes.

CAMBIO contactó a Comulres y a Mi Abuelo y Yo para conocer sus versiones, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta a las inquietudes.

Por su parte, la UNGRD sí atendió las inquietudes y aseguró que conocen de las denuncias en Bolívar.

“Se han recibido varias quejas de los contratados, quienes han manifestado su preocupación por la falta de pago y el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de dichas fundaciones”, dijo la UNGRD.

La entidad también confirmó que no se les ha hecho el pago a las fundaciones por la falta de los requisitos necesarios para el desembolso. “Las fundaciones mencionadas no han presentado todos los requisitos necesarios para proceder con el pago, lo cual ha derivado en un incumplimiento de lo estipulado contractualmente. Este incumplimiento ha afectado el desarrollo del proceso, retrasando los plazos establecidos”, dijo la Unidad.

Por último, informaron que hasta el momento no se han detectado indicios de corrupción en la implementación de las ollas comunitarias en Bolívar y que mantienen diálogo con los afectados.

Mientras tanto, los endeudados siguen 'en la olla' y esperan que en algún momento llegue la anhelada notificación de Nequi o Daviplata anunciando el pago de lo que les adeudan.