
Gobernadores y alcaldes lanzan el Manifiesto por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional
Mandatarios advierten sobre el incremento de la violencia y piden al Gobierno articular una estrategia nacional de seguridad que responda al “debilitamiento institucional y a la expansión de grupos armados ilegales”.
En medio de un panorama de creciente violencia, los gobernadores y alcaldes del país lanzaron el Manifiesto por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional, un llamado urgente al presidente Gustavo Petro Urrego y al Gobierno nacional para atender el deterioro de la seguridad en las regiones y fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio.
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Las cifras que acompañan el pronunciamiento son alarmantes: la violencia aumentó en un 194,6 por ciento, las acciones armadas en 221,5 por ciento, y las intimidaciones contra líderes políticos y sociales en 887,5 por ciento, en comparación con el último periodo preelectoral (2021 vs. 2025). A ello se suma un dato preocupante: en Colombia hoy hay más hectáreas de coca que de yuca, papa, cítricos o banano, y el 48 por ciento de esos cultivos ilícitos se ubican en zonas de manejo especial, como Parques Nacionales Naturales, reservas forestales, resguardos indígenas y territorios de comunidades negras.
El documento fue presentado al cierre del Encuentro de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional, realizado en Cali, con la participación del ministro de Defensa Nacional, representantes de los entes de control, las Fuerzas Militares y de Policía, y expertos de organismos internacionales.
Durante la jornada, el director general de la Policía Nacional, brigadier general William Rincón Zambrano, expuso una ruta estratégica orientada a estabilizar los problemas de convivencia y mejorar la seguridad ciudadana mediante la articulación interinstitucional y el uso de inteligencia predictiva. La propuesta fue acogida por los mandatarios, quienes manifestaron su disposición para implementarla de inmediato.
Sin embargo, los gobernadores fueron enfáticos en que la crisis de seguridad requiere medidas de fondo y respuestas concretas desde el nivel central. En el Manifiesto por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional plantearon ocho solicitudes urgentes:
- Articular las políticas nacionales y regionales de seguridad, con reglas claras y herramientas efectivas para las autoridades locales.
- Incrementar el presupuesto nacional en defensa, seguridad y justicia, para garantizar la operación territorial de las Fuerzas Militares y de Policía.
- Fortalecer las capacidades de inteligencia y tecnología de la Fuerza Pública frente a nuevas modalidades criminales.
- Tomar acciones urgentes contra los cultivos ilícitos, especialmente en zonas de protección ambiental, donde la coca y la minería ilegal amenazan la biodiversidad.
- Lanzar una intervención interinstitucional integral que combine justicia, inversión social, desarrollo económico y autoridad civil en las zonas más afectadas.
- Suspender los beneficios políticos o económicos a grupos armados activos, y redefinir la política de Paz Total bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
- Diseñar un Plan Nacional de Recuperación Institucional, con metas verificables y acciones inmediatas para restablecer la presencia del Estado.
- Garantizar elecciones libres, seguras y sin intimidaciones en los comicios presidenciales y legislativos de 2026.
Los mandatarios reconocieron los avances de la Fuerza Pública en la captura de cabecillas de estructuras como la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y el ELN, pero insistieron en que el fortalecimiento institucional es esencial para impedir la expansión del crimen.
“Hoy, donde no llega el Estado, llega la ilegalidad; donde debería haber más protección, hay más criminalidad”, señalaron los gobernadores en el manifiesto. “Proteger la democracia y la seguridad ciudadana es condición indispensable para el desarrollo social y económico del país. Las regiones son el primer frente de defensa de la paz y el progreso. Cuidarlas es cuidar el futuro de Colombia”, concluyeron.
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