La historia del primer traslado de cárcel por identidad de género documentado en Colombia

“Cordial saludo, señor juez. Me dirijo a usted de la manera más respetuosa y atenta, para solicitarle me sea concedido mi traslado de cárcel. No me siento conforme en este establecimiento porque son mujeres y, como es de amplio conocimiento, me identifico como un hombre”. Esa fue la petición que le hizo a la justicia Jhon Alexander Rodríguez Cano para salir de la cárcel de mujeres de Manizales y llegar, sentando un precedente histórico, a la cárcel de hombres de la capital caldense. 

Su historia es excepcional, pues las autoridades consideran que es el primer hombre transexual en cambiar de reclusión apelando a su derecho a la identidad de género. Tan desconcertadas están todas las personas y entidades que conocieron de su traslado que, ahora, alistan un protocolo para que la justicia nacional tenga por primera vez reglas claras para tratar a la comunidad trans que cae en prisión. 

Rodríguez, alias la Gata para la Fiscalía, fue sentenciado en mayo pasado a diez meses de prisión por tráfico de estupefacientes, por el Juzgado 4 de Manizales. A principio de año, fue capturado en flagrancia vendiéndole una bolsa pequeña de bazuco a un ciudadano en el sector conocido como El Esquinazo, de la capital caldense. Un delito por el que cobró 4.000 pesos, el que aceptó mediante preacuerdo y cuya consecuencia fue pasar su cuarto periodo tras las rejas, a sus 34 años. 

El expediente judicial conocido por CAMBIO establece que, para cuando Rodríguez fue capturado, estaba en casa por cárcel por concierto para delinquir, pero registrado judicialmente como Katerine Alexandra Rodríguez. Aunque el Juzgado 4 reconoció la situación de marginalidad que lo llevó a vender droga, consideró que sus antecedentes judiciales y el daño que le estaba causando a la sociedad eran suficientes para mantenerlo encerrado. Aceptando su delito, Rodríguez se sometió a perder la libertad, pero no estaba dispuesto a privar el libre desarrollo de su identidad de género. 

Una cárcel incómoda

Para el momento en que Rodríguez fue condenado, ya llevaba tres meses bajo prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Manizales. Allí fue llevado tras su captura, a pesar de que el Archivo Nacional de Identificación lo reconoce como hombre desde 2011 y de que la Registraduría Nacional tenga inscrita su actual identificación desde hace más de tres años. El sistema penitenciario tiende a asignar el establecimiento penitenciario a los internos únicamente por su genitalidad. Sin importar el nombre, las orientaciones o los tránsitos sexuales en curso o ya completados. 

El recluso Rodríguez alertó a las autoridades de su incomodidad en la cárcel de mujeres de todas las maneras posibles. En marzo, escribió una petición a pulso en un cuaderno de hojas cuadriculadas, solicitándole a la dirección del establecimiento el traslado, basado en “mi sentir, pues considero que no me encuentro en el lugar indicado”. El 7 de mayo pasado, también a mano, radicó la tutela con la que finalmente fue escuchado. 

Antes de que la tutela fuera resuelta, el Grupo de Asuntos Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) acató las constantes peticiones de Rodríguez y concedió el trasladó a la cárcel para hombres de la misma ciudad. Finalmente, el 12 de mayo pasado, el protagonista de esta historia logró cambiarse de prisión, en un hecho hasta ahora nunca documentado en Colombia. Su caso despertó, de inmediato, el interés de la Defensoría, la Procuraduría y el Ministerio de Justicia.

El descubrimiento en la cárcel de Manizales

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, quien vigila el sistema de prisiones, señaló que se trata de un “precedente”, dado que “a la hora de asignar la cárcel, no se tiene en cuenta la identidad de género, ni lo que sienten las personas”. Según el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, “los casos más recurrentes de traslado se dan por arraigo, donde se alega que el interno pueda estar en el lugar cercano a la familia. Luego, en mucha menor proporción, por seguridad, enfermedad o, en este caso, aparece la identidad de género”. 

La Defensoría del Pueblo fue la primera institución en verificar las condiciones de Rodríguez, por lo cual convocó a mediados de año una mesa interinstitucional, e invitó a las demás entidades involucradas en derechos humanos. La Defensoría consideró que, si bien el traslado representa “un precedente valioso en materia de reconocimiento y respeto por la identidad de género, por otro lado, evidencia vacíos normativos, operativos y culturales” del sistema penitenciario. Entre los más esperables, que Rodríguez lleva meses sin acceder a una sola toalla higiénica. 

De hecho, el acceso a toallas higiénicas es uno de los aspectos más recurrentes por los que las internas radican tutelas en contra del Inpec. Según las reglas de Bangkok de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a las cuales Colombia está suscrita, estos elementos deberían ser de gratuita y constante entrega. Sin embargo, la distancia entre los acuerdos y la realidad es abismal, pues desde 1998 las prisiones permanecen en una grave y masiva violación de derechos humanos, como lo ha reiterado en más de dos oportunidades la Corte Constitucional. 

Sobre Rodríguez, los funcionarios de las diversas instituciones concluyeron que los guardias y funcionarios del Inpec no tienen formación en enfoque de género para tratarlo, que la asistencia psicosocial es inexistente y que Colombia necesita avanzar en un enfoque de salud integral con perspectiva de diversidad sexual. Además, “no se evidencia atención de ginecología para esta población trans, ni revisión por endocrinología (para realizar el proceso de hormonización hacia la identidad sexual)”, dice el informe de la Defensoría.  

Así mismo, Rodríguez sigue siendo un rompecabezas para la dirección del establecimiento, pues, según fuentes en el interior del penal, hay antecedentes de que se autolesiona, cortándose y golpeándose, dado que se siente aislado en el patio de funcionarios públicos, donde se ubican solo un puñado de internos. “El director dice que esa fue la decisión porque es un transexual con vagina, en una cárcel de hombres. Y tiene miedo de que, en el patio de delitos comunes, en cualquier momento lo violen y lo maten, como suele pasar en las cárceles”, agregó Osuna. La Superintendencia de Salud establece que el promedio de vida de una persona trans es de 35 años.

El contexto trans en las cárceles

El Inpec le respondió a CAMBIO que en su sistema permanecen 1.595 personas de la comunidad LGBTI y otras identidades de género y orientación, de las cuales 205 se identifican como trans. Un grupo pequeño en comparación con la más de 104.000 personas privadas de la libertad, pero que expertos consideran el más vulnerable. Así lo expresó la activista y defensora de derechos, Darla Cristina González, de la red Diana Navarro Sanjuan. “En la cárcel también nos cobran diariamente por transgredir la norma social de que los hombres y mujeres deben ser de cierta manera”, dijo.

Y agregó: “Históricamente los asesinatos contra nosotras se han dado con decapitaciones, con empalamientos, con decenas de puñaladas o con cortes en los genitales. Con una sevicia que también se evidencia en las cárceles. La diferencia es que mientras estoy privada de la libertad no tengo manera de defenderme y terminamos siendo más vulnerables de lo que estamos en la calle. En la red acompañamos casos de mujeres trans que son prostituidas en prisión y que tienen su proxeneta que supuestamente las cuida, pero que, en realidad, las esclaviza”. 

Valentina Villamarín Mor es una de las investigadoras que realizó el más reciente informe sobre el estado de la población trans en las prisiones, para la Universidad del Rosario, en 2024. Concluye que el día a día, para ellos y ellas, es el rechazo y la estigmatización. “Constantemente son atacadas, acuchilladas, gritadas, y siempre las dejan de últimas en temas de alimentación y salud. Es más, los penales no atienden sus procesos de hormonización porque creen que es estético y no médico. Los otros internos e internas ni siquiera los dejan tener visita en los patios”, señaló.

Una de las personas entrevistadas, cuyo nombre fue omitido en la investigación, expresó que ser trans en prisión es, en definitiva, una tortura doble: “Tengo los glúteos operados y han intentado agredirme con cuchillos y palos, y la guardia no nos escucha en ese tema. Tengo que dejarme la barba, al menos para que las otras personas no reaccionen agresivamente conmigo. Pero yo me siento muy mal porque a mí me gusta estar vestido con ropa femenina, maquillado con labial y estoy buscando que me solucionen ese problema”. 

En palabras de Néstor Osuna: “Ser trans en una cárcel tiene unos riesgos distintos. Es estar muy cerca de la muerte”. 

Rodríguez como antecedente histórico

El expediente de Rodríguez inspiró el primer protocolo para la “garantía de derechos de mujeres y hombres transgénero, y personas no binarias privadas de la libertad” en la historia del país. De acuerdo con el borrador conocido por CAMBIO se trata de una reforma directa al Reglamento General del Inpec, adelantado por la Defensoría, la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, el cual está alimentándose con comentarios de organizaciones como Diana Navarro Sanjuan. 

Entre los principales cambios está que las personas trans ya no serán ubicadas en las prisiones según su genitalidad, sino los jueces de la república verificarán cuál es el establecimiento más adecuado para su protección, bienes e identidad, de acuerdo con su voluntad expresa en un consentimiento informado. Otro cambio, de especial interés para los defensores de la comunidad, es que en todas las etapas del proceso la persona será nombrada, registrada y llamada por el nombre con el cual se identifican. 

El Inpec se comprometió a que las parejas diversas tengan derecho a visita íntima sin discriminación, de la misma manera que aplica para las parejas heterosexuales cisgénero (persona cuya identidad de género coincide con el sexo que le fue asignado al nacer). Además, “se debe garantizar el acceso continuo a tratamientos hormonales cuando estos hayan sido prescritos previamente, y se facilitará la valoración médica especializada para quienes deseen iniciar dicho tratamiento”, se lee en el borrador. 

Por otro lado, las partes coincidieron en que todo el personal del Inpec deberá recibir formación básica en diversidad sexual, de género, enfoque diferencial y atención sin prejuicios. Incluso, la Escuela Penitenciaria Nacional, donde los funcionarios hacen su curso para ingresar a la entidad, deberá incorporar y actualizar estos contenidos para la formación de nuevos funcionarios y para la capacitación permanente de los actuales. 

Con respecto a las eventuales peticiones de traslado, la activista González considera que la solución está desde el momento mismo de la imposición de la medida de aseguramiento. Más allá de que sea elegida una cárcel para hombres o mujeres, lo primordial, dice, es lograr que el establecimiento ofrezca mayores condiciones de seguridad. La investigadora Villamarín, de hecho, conoció algunos casos de mujeres trans que solicitaron cambios de pabellón dentro de la misma prisión, pero todas pidieron el regreso tras enfrentar mayor acoso. 

Jhon Alexander Rodríguez Cano, por su parte, saldrá de prisión en marzo de 2026, los 4.000 pesos del bazuco que le confiscaron –se lee en su sentencia– fueron entregados al Ministerio de Justicia por orden judicial, y su nombre, con el que se identifica plenamente, quedará en la historia por ser el origen del primer reglamento para la protección de la población trans y no binaria, privada de la libertad en el país.