Alfonso Reyes Echandía: la fuerza de la razón

“Paradoja brutal es la del juez que, siendo titular del soberano poder de juzgar a los hombres, sea al propio tiempo el más indefenso de los mortales. En un Estado de Derecho, todo el poder de las armas ha de estar al servicio del más humilde de sus jueces; solo así será posible oponer con ventaja a la razón de la fuerza, la fuerza de la razón”. 

Alfonso Reyes Echandía

Los aciagos hechos acaecidos hace 40 años, el 6 y 7 de noviembre de 1985, se recuerdan como el holocausto del Palacio de Justicia. Fue un holocausto por la concurrencia de dos acciones igualmente reprochables: la toma y la retoma del palacio. 

En relación con la segunda, las Fuerzas Armadas no actuaron teniendo como fin primordial el rescate y la preservación de la vida de centenares de rehenes indemnes que allí se encontraban. La imagen de un tanque cascabel que derriba e ingresa disparando indiscriminadamente en el interior de un edificio en el que la mayoría de las oficinas estaban separadas por vidrios y divisiones de madera no refleja una operación que busque el cuidado de la vida. 

El 7 de noviembre, luego de la liberación del magistrado Reinaldo Arciniegas, cuando el fuego que consumió el edificio había cedido y las Fuerzas Militares estaban dentro del palacio sin saber en dónde se encontraba el diezmado grupo terrorista que había perpetrado la toma, los oficiales que comandaban la operación, en lugar de atender la petición explícita de cesar el fuego y buscar una mediación de la Cruz Roja para acordar la entrega de los rehenes, usaron la información que les proporcionó el magistrado para dinamitar una de las paredes del baño en que se encontraban más de 70 personas, entre guerrilleros, magistrados y civiles. La explosión y los disparos que se hicieron a través del boquete que se abrió hirieron o causaron la muerte de la mayoría de quienes allí estaban refugiados.

El día anterior murió mi padre cuando se encontraba retenido en el cuarto piso. La necropsia y el informe de balística que se le realizó a su cuerpo, casi totalmente calcinado, demostró que la única bala que causó su muerte no correspondía con ninguna de las armas utilizadas por el grupo guerrillero. 

En el informe que elaboró la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema se estableció que las Fuerzas Militares conocieron con antelación que había un plan para tomarse las instalaciones del Palacio de Justicia. También se comprobó que pocos días antes se retiró el esquema de protección policial que rodeaba al palacio, sin que aún se conozca quién impartió esa orden.

Finalmente, los hechos de tortura, desaparición forzada y muerte extrajudicial de varias personas incluyendo al magistrado Carlos Horacio Uran, del que se conoció un video que lo muestra saliendo herido del palacio y que posteriormente se presentó como fallecido dentro del edificio, indican serías violaciones al Derecho Internacional Humanitario. El Estado colombiano fue condenado por estos sucesos. 

Todo esto demuestra que la retoma fue un hecho reprochable del que debemos aprender como nación para no repetirlo. La negociación, en este tipo de situaciones, siempre es posible y debe ser el criterio principal que guíe la reacción estatal. Ya había ocurrido en la toma de la embajada de la República Dominicana ocurrida el 27 de febrero de 1980 por parte del mismo grupo guerrillero. Allí, como lo recordó recientemente el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, el gobierno en cabeza del presidente Turbay no permitió una retoma armada de la sede de la embajada, sino que abrió un espacio de negociación que terminó con la liberación de todos los rehenes. 

Con respecto a la toma es importante resaltar que este fue el resultado de un plan cuidadosamente planeado y posiblemente financiado en parte con recursos del narcotráfico para presionar el fin del tratado de extradición. El día de la toma estaba prevista en la agenda de la sala plena la discusión de la constitucionalidad del tratado, cuyo magistrado ponente era el doctor Manuel Gaona Cruz.  

La toma, en sí misma, fue un acto sangriento ejecutado por 35 miembros del grupo M-19. Ingresaron por el parqueadero de la carrera octava disparando con armas de largo alcance y mataron a los celadores que tan solo tenían sus armas de dotación. Pasaron a los pisos superiores y se enfrentaron con los pocos escoltas de los magistrados a quienes también sacrificaron. Estos escoltas solo cumplían con su deber de defender la vida de los magistrados. 

Durante la toma, el grupo de asaltantes maltrató a los rehenes, como se desprende de múltiples testimonios y en varias ocasiones los usó como escudo frente a la acción de las fuerzas del Estado. 

Varios testigos declararon que el 7 de noviembre, después de que el Ejército dinamitara una de las paredes del baño, Andrés Almarales dio la orden de asesinar por la espalda al magistrado Gaona Cruz. 

La toma, por lo tanto, fue responsabilidad directa de un grupo de personas, pertenecientes al movimiento M-19 que, sin consideración alguna por la vida de los civiles que allí se encontraban, cometió un acto de terrorismo incluyendo el asesinato a sangre fría de un magistrado. Un acto que no corresponde a una genialidad táctica ni mucho menos a una acción heroica de la que debamos sentirnos orgullosos los colombianos.

Han pasado 40 años del holocausto del Palacio de Justicia. Es importante recordar estos hechos y es necesario seguir ahondando en búsqueda de la verdad. Reconstruir la memoria histórica de la nación es condición sine qua non para dejar atrás, de una vez por todas, esta larga etapa violenta de nuestra historia. Lo que no está bien es que se use con fines políticos lo acaecido en esos días, mediante interpretaciones acomodadas, para construir narrativas populares con miras a incidir en las próximas elecciones. Esta es otra forma de violencia y de revictimización. Debemos hacer que prevalezca la fuerza de la razón.