¿Qué le espera al Congreso de cara a una nueva Constituyente?
Toma panorámica de la Plenaria del Senado del Congreso de la República. Foto: Juan Cano / Presidencia de la República.
El proceso para redactar una carta magna exige una participación activa del Parlamento, que no es un convidado de piedra sino un actor fundamental. ¿Por qué?
Por: Armando Neira
Políticamente, los colombianos están hoy más enfocados en decidir cuál podría ser su candidato presidencial que en considerar que en 2026 se discutiría la redacción de una nueva Constitución. Sin embargo, algunas voces sostienen que ese será el tema central del próximo año. “La Constituyente va porque sí”, ha dicho el ministro del Interior, Armando Benedetti.
El funcionario afirmó hace un tiempo que, posiblemente, en las próximas elecciones para el Congreso, la ciudadanía se pronunciará mediante una papeleta sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Aclaró que el proceso no afectaría al actual Gobierno, pues sería desarrollado por el siguiente.
“La Asamblea Nacional Constituyente no es para este Gobierno; buscamos una octava papeleta para que el próximo Gobierno desarrolle ese clamor. Yo la denomino la Octava Papeleta. No se convoca una Constituyente para este Gobierno, sino para dejar consignada la voz del pueblo, la discrepancia y el malestar actuales, cuya solución no está en la Constitución de 1991, de modo que el próximo Gobierno lleve ese mandato y busque una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo el ministro del Interior.
Benedetti agregó: “El presidente no quiere quedarse en el poder con una Constituyente. Esperamos poder convocarla para las elecciones de marzo. Esa Constituyente deberá referirse a muchos temas, como derechos laborales, salud y pensiones. Hay malestar social; debe plantearse una salida a los conflictos. Por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana: no pudimos llevar al pueblo a las urnas porque todo está cerrado”.
En caso de avanzar este proceso, el camino no será expedito. El Congreso será decisivo. Los controles son tan exigentes que el Parlamento adquiere un rol central. La lista de mecanismos para convocarla son varios y difíciles de cumplir:
1. El Senado y la Cámara de Representantes deberán aprobar una ley para consultar a la ciudadanía sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
2. Para aprobar la ley se necesita el apoyo de la mayoría de los miembros de ambas cámaras.
3. La ley deberá especificar: A. La convocatoria de la Asamblea Constituyente. B. El número de integrantes. C. El sistema de elección. D. Los temas objeto de deliberación. E. La fecha de inicio y el período de sesiones.
4. Una vez aprobada, la ley pasará a sanción presidencial.
5. El presidente la remitirá para revisión a la Corte Constitucional. Si la Corte la aprueba, la convocatoria deberá realizarse entre dos y seis meses después. El tarjetón electoral contendrá:
• Las opciones de voto “Sí” y “No”, con una pregunta clara.
• El listado de los temas a tratar.
6. La convocatoria será aprobada si al menos una tercera parte del censo electoral vota afirmativamente (se necesitarían cerca de 12.988.505 votos por el “Sí”).
7. Tras aprobarse la convocatoria y sus temas, dentro de los dos a seis meses siguientes se elegirá a los integrantes de la Asamblea.
8. Una vez conformada la Asamblea, se suspenderá la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el período establecido.
9. La Asamblea deliberará y aprobará los temas definidos. Podrá convocar un referendo para que la ciudadanía apruebe el nuevo texto o las reformas.
Con las elecciones próximas, el presidente Petro busca convencer a sus seguidores de que su ciclo político no ha terminado y que lo mejor está por venir. Imagina que en el próximo cuatrienio Colombia será escenario de una Asamblea Nacional Constituyente en la que él podría ocupar un escaño.
“No veo razón para que no pueda serlo una vez termine su mandato”, dijo a CAMBIO en su momento el entonces ministro de Justicia Eduardo Montealegre. “Conoce de primera mano la situación del país y es idóneo y comprometido con el clamor del pueblo”. Montealegre también expresó que aspira a ser uno de los delegatarios de la nueva Constitución.
2,5 millones de firmas
Armando Benedetti, ministro del Interior, respaldó la posibilidad de que Petro participe: “No hay ninguna inhabilidad legal; él ya manifestó su interés”.
Aunque Petro negó en campaña que promovería una Constituyente, la ha invocado en varias ocasiones durante su gobierno. Y ya le dio forma concreta al pedir iniciar la recolección de 2,5 millones de firmas para radicar un proyecto de ley que habilite el proceso.
Según él, la Constituyente sería el único mecanismo para realizar reformas sociales bloqueadas en el Congreso. En una manifestación en Ibagué afirmó que “el pueblo es el verdadero poder constituyente”. Ha insistido en que, si bien recibe apoyo en movilizaciones masivas, es necesario actuar en el ámbito electoral para impulsar cambios.
Los obstáculos son enormes. ¿Le daría luz verde el próximo Congreso? Petro afirma que ese Congreso deberá aprobar la “ley del pueblo” sin modificarla, y después convocar las elecciones de los delegados.
Ha dicho que no se busca redactar una nueva Constitución completa, sino reformar aspectos sociales ausentes en 1991, como la reforma agraria, las medidas frente a la crisis climática y la participación de los trabajadores en las utilidades.
El presidente no reconoce que esto podría mantenerlo como actor central en la política, pero la realidad política podría abrir un abanico de propuestas. Si bien él quiere una Constituyente limitada, otros podrían intentar reversar avances como el aborto, las consultas previas o disposiciones del Acuerdo de Paz. No hay garantía de que no surjan agendas contrarias, como ocurrió en Estados Unidos o en Chile.
La propuesta tiene el no de varios precandidatos presidenciales —Juan Manuel Galán, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba y Mauricio Gómez Amín—, quienes afirmaron: “Rechazar la Constituyente no es una opinión, es un deber. La Constitución del 91 es pilar de nuestra democracia”.
Analistas advierten que el Gobierno, al impulsar esta idea en época preelectoral, podría usarla como una estrategia de campaña. El proceso constituyente no puede convertirse en un eslogan ni en un mecanismo para influir en el debate electoral. Ese es uno de los temores. Que se trate de una estrategia del Pacto Histórico para mantener presencia política y transferir votos en 2026.
Benedetti afirmó que la propuesta busca tratar solo algunos temas de la Constitución de 1991 que no se han desarrollado adecuadamente. Según él, la nueva Constituyente tendría un período corto —tres o cuatro meses— y se enfocaría en temas de justicia, educación y salud, entre otros.
Consultado sobre la posibilidad de que la Asamblea amplíe su alcance, Benedetti respondió que no: deberá ceñirse a lo aprobado por el Congreso. Y, claro, aquí es donde el Congreso asume un rol de protagonista.
Benedetti aclaró que el proceso quedará en manos del próximo Gobierno y del nuevo Congreso. El actual solo avanzará en la recolección de firmas, equivalentes al 5 % del censo electoral (unos 2,5 millones).
Para evitar que la nueva Asamblea desplace al Congreso, como ocurrió en 1991, señaló que hoy existen más controles y que el proyecto de ley delimitará los temas. El Congreso deberá aprobar el proyecto, la ciudadanía votará la convocatoria y los delegados serán elegidos exclusivamente para tratar los asuntos definidos.
Si en Palacio continúan impulsando la propuesta, el tema dominará la agenda pública. Aunque genera apoyo entre sectores afines a Petro, también suscita dudas sobre si es una forma de sortear los contrapesos democráticos.
Esto debilita la legitimidad de instituciones que deberían reformarse desde dentro. Por ello, muchas instancias —cortes, partidos, gremios y empresarios— no ven con buenos ojos la iniciativa.
El petrismo sostiene que la crisis es profunda y que Colombia ha sabido dar giros necesarios en momentos clave. No obstante, el contexto de 1991 fue distinto: existió consenso ciudadano, político e institucional para superar una crisis extrema marcada por el narcoterrorismo.
Como dijo Antonio Navarro, único expresidente vivo de la Asamblea de 1991: “La salida de la crisis pasa por aplicar la Constitución actual a plenitud”. Todo lo demás, concluyó, es ruido político.
Foro 'Una Constituyente: ¿para qué?
En medio de este contexto, CAMBIO y el Ministerio del Interior organizan el foro “Una Constituyente: ¿para qué?”, un espacio en el que participarán funcionarios del Gobierno, académicos, constitucionalistas y algunos de los protagonistas de la Asamblea de 1991, para reflexionar sobre el futuro y la viabilidad de esta propuesta.
El evento profundizará en temas clave como el camino jurídico y político que implica convocar a una Constituyente; los logros, victorias y deudas pendientes de la Constitución del 91 con los colombianos; las oportunidades que ofrece este mecanismo y la discusión sobre las posibilidades que rodean la renovación del Congreso de la República que se elegirá en marzo de 2026.
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