Los hallazgos de la Contraloría sobre presunto detrimento en contrato del programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos

*Esta nota fue actualizada el 11/12/2025 El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), diseñado como una de las principales apuestas del Acuerdo Final de Paz, enfrenta nuevas dudas sobre su ejecución. En medio de advertencias por incumplimientos y crecientes tensiones en los territorios, la Contraloría identificó pagos irregulares en un contrato clave del programa. Crédito: Colprensa Desde la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, el PNIS se presentó como una vía para que cerca de 100.000 familias campesinas abandonaran los cultivos de uso ilícito e iniciaran su tránsito hacia economías legales. Sin embargo, su implementación ha estado marcada por retrasos, fallas operativas y reclamaciones de las comunidades . La Defensoría del Pueblo ha advertido que los incumplimientos en la implementación de la iniciativa han derivado en episodios de conflictos sociales en regiones donde la presencia de cultivos de uso ilícito sigue siendo significativa. Según la entidad, departamentos como Nariño, Córdoba, Norte de Santander y Putumayo concentran gran parte de las alertas sobre riesgos relacionados con economías ilegales. Crédito: Colprensa Como parte de las actividades de seguimiento al programa, la Contraloría realizó recientemente una auditoría en la Agencia de Renovación del Territorio (ART). En la inspección técnica, el órgano de control encontró que una parte de los desembolsos efectuados no corresponden con avances reales en las obras gestionadas en el país. Los hallazgos de la Contraloría se suman a recientes pronunciamientos en los que la Corte Constitucional ha reiterado la obligación del Estado de priorizar la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada. En ese sentido, el órgano de control advirtió que el detrimento patrimonial afecta directamente la gestión de recursos destinados al desarrollo de proyectos productivos en el territorio. La ART emitió un comunicado oficial en el que detalló que el contrato objeto de revisión se firmó el 6 de mayo de 2022, tres meses antes del inicio del Gobierno de Gustavo Petro. Además, la agencia reiteró que la dependencia encargada de gestionar los pagos cuestionados por la Contraloría será la responsable de responder en el proceso administrativo . “El pago a DCO Ingeniería & Servicios, lo hizo, a través del Fondo Colombia en Paz, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos que, si bien es una dependencia de la ART, por disposición legal, goza de autonomía Administrativa y Financiera y será la encargada de soportar dentro del proceso fiscal los fundamentos jurídicos con base a los cuales procedió a realizar los pagos reprochados por la CGR”, explicó la ART. Las irregularidades detectadas por la Contraloría en la ejecución del PNIS La auditoría adelantada por el órgano de control permitió identificar una serie de pagos por encima de los valores justificados mediante elementos técnicos en un contrato de interventoría entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz y DCO Ingeniería & Servicios. Según el informe, en el proceso se realizaron desembolsos que carecían del respaldo requerido para evitar irregularidades. Crédito: Colprensa La Contraloría advirtió que la Agencia de Renovación del Territorio (ART) autorizó los pagos, pese a la falta de informes sobre avances verificables en las actividades acordadas previamente. La auditoría reveló que esas decisiones sin sustento técnico y legal abrieron la puerta a un presunto detrimento patrimonial que supera los 1.618 millones de pesos . El ente de control determinó que el contrato tenía como finalidad supervisar la ejecución técnica, administrativa y jurídica de los componentes del PNIS en varios territorios del país. Una de las cláusulas del convenio establecía que los pagos debían guardar estricta relación con el porcentaje de avance de los contratos. Sin embargo, en la supervisión se determinó que los giros se realizaron sin tener en cuenta la falta de progreso en la ejecución. Crédito: Colprensa “El análisis reveló que los avances técnicos de los contratos objeto de revisión promediaron 59, 93 y 44 por ciento, respectivamente, muy por debajo del 100 por ciento necesario para justificar el pago total . A pesar de ello, se avaló un pago completo a DCO Ingeniería & Servicios, generando un sobrepago en el proceso”, detalló la Contraloría en su informe. El órgano de control también señaló inconsistencias en la planeación del contrato, tras encontrar que varios componentes no contaban con estudios previos completos o presentaban deficiencias en la estructuración técnica. Según la auditoría, estas fallas derivaron en sobrecostos y en la aprobación de ejecuciones parciales que no cumplían los estándares mínimos exigidos para proyectos de sustitución. Los fallos estructurales en la ejecución y control del proyecto auditado por la Contraloría La Contraloría advirtió que, además de los pagos sin soporte, el esquema de seguimiento implementado por la ART no permitió identificar a tiempo las desviaciones en la ejecución del contrato. Para la entidad, la ausencia de mecanismos de verificación en campo y la dependencia exclusiva de reportes documentales dificultaron la evaluación de la correspondencia entre lo facturado y lo realmente ejecutado. Crédito: Colprensa El informe también cuestionó la falta de articulación entre las áreas encargadas de la supervisión, lo que generó vacíos en la consolidación de la información técnica y financiera del proyecto . Según el organismo de control, esta descoordinación derivó en que decisiones críticas se tomaran sin contar con insumos suficientes o actualizados. Uno de los puntos clave del informe corresponde a la insuficiencia de los controles internos en el desarrollo del programa. En la auditoría se determinó que la entidad contratante no implementó alertas tempranas ni indicadores de gestión que permitieran detectar oportunamente retrasos, incumplimientos o inconsistencias en los entregables pactados con la firma interventora. Crédito: Colprensa La revisión también evidenció falencias en el archivo y custodia de la documentación contractual. En varias etapas del proceso, el ente de control encontró expedientes incompletos o sin los soportes exigidos por la normatividad, lo que dificultó la trazabilidad del contrato y limitó la capacidad de determinar responsabilidades administrativas. Finalmente, la Contraloría concluyó que las deficiencias detectadas comprometen de manera directa la transparencia del manejo de los recursos destinados al PNIS . A juicio del organismo, la ausencia de controles robustos y la debilidad de los procesos de supervisión generaron riesgos significativos para la continuidad y credibilidad de los proyectos de sustitución en los territorios.

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