Billete verde oliva: el negociazo de unos pocos para uniformar a las fuerzas militares

El uniforme impecable y la postura erguida, con el cuerpo tan rígido como el sable que empuñan. Los guantes son blancos, sin rastro de impurezas y los zapatos, o las botas deben estar perfectamente lustradas, tanto que encandilen los ojos al verlas. El mentón permanecerá en un ángulo de 90 grados para acompañar la expresión imperturbable del rostro.

Todo hace parte de la mística de un policía o militar en todo tipo de ceremonias. Pero más allá de esas características, cada uno de ellos puede llevar encima entre 5 y 20 millones de pesos al sumar las prendas y accesorios oficiales.

Este es un atractivo negocio detrás de vestir a los uniformados -ya sea de gala o para ‘guerrear’-, que pertenece a un selecto grupo de proveedores que ha acaparado las contrataciones gracias a un documento que literalmente vale oro.

Varias veces en el año, la fuerza pública abre procesos de contratación millonarios para adquirir la dotación de los uniformados. Las compras son tan variadas que incluyen artículos como escudos antimotines, cascos balísticos, medias, sables, cinturones, quepis, medallas, borlas, dragonas, entre otras decenas de elementos más.

Por ejemplo, en un proceso de compra abierto el mes pasado, se revela cuánto le cuesta al Estado dotar a un agente antimotines. Allí, la Dirección Logística y Financiera de la Policía calculó un gasto de 5.106 millones de pesos para comprar 1.086 armaduras de varios tipos, cada una con un valor promedio de 4,5 millones de pesos. Además, se proyectó la adquisición de:

• 983 cascos antimotines, cada uno con un costo de 819.000 pesos.
• 379 protectores faciales, cada uno con un costo de 310.000 pesos.
• 632 escudos, cada uno con un costo de 610.000 pesos.

Así las cuentas, el costo total entre armaduras, cascos, protectores y escudos es de 6.415 millones de pesos. Lo anterior, sin contar la dotación de lanzadores, granadas de humo y cartuchos de gases lacrimógenos, que también representan un alto costo como lo reveló CAMBIO en 2022.

No obstante, la plata no solo se va a la atención de disturbios: lo ceremonial también demanda una alta inversión de recursos públicos. Un solo sable para uso exclusivo de generales de la Policía cuesta, por ejemplo, 9,8 millones de pesos. Por otro lado, cada par de charreteras que se posan sobre los hombros de los generales del Ejército vale 1,6 millones de pesos.

Además, en la lista hay borlas para general a 2,1 millones de pesos cada una, cordones dorados a 1,1 millones la unidad, cascos prusianos a 289.000 pesos y dragonas -el fino cordón que va amarrado al mango de la espada- a un costo individual de 270.000 pesos.

También hay espacio para la joyería. Los cadetes de la Armada Nacional reciben un anillo de oro de 14 quilates cuando se gradúan. Este tiene un valor de 3,9 millones de pesos. Por ejemplo, entre 2023 y 2024, la Base Naval Número 6, ubicada en Bogotá, gastó más de 2.300 millones de pesos en anillos de grado.

Por otro lado, en los últimos cinco años hay registros de contratación por más de 30.000 millones de pesos para adquirir medallas por parte de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Los dueños del negocio

Como ocurre con otros productos y servicios contratados por el Estado, en este caso la variedad de proveedores es baja. Detrás de las decenas de artículos que usan los uniformados hay apenas un puñado de empresas y la misma cantidad de familias.

Una de ellas es Mozt de Colombia S.A.S, empresa con sede en Bogotá, constituida en 2009 y que también se dedica a la joyería con locales en exclusivos centros comerciales de Bogotá. Solo tiene dos accionistas: Lisbet Sabina Mogollón, que a su vez es la representante legal, y Zadyd Gómez Espinel, egresado de la Escuela de Cadetes Almirante Padilla.

Espinel intentó promover un grupo significativo de ciudadanos en las elecciones de 2023 llamado Movimiento Político Evolutivo. La idea era respaldar la candidatura de Laura Idárraga al Concejo de Bogotá, una joven ingeniera que a la final le tocó buscar el aval de Dignidad y Compromiso, el partido de Jorge Robledo y Sergio Fajardo.

Según las bases de datos públicas, en los últimos ocho años Muzt ha firmado más de 70 contratos en su mayoría con la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El costo total de esos convenios supera los 42.000 millones de pesos.

Por otro lado está Imdicol, la empresa de Víctor Hugo Fajardo Castillo y una de las principales proveedoras de gases lacrimógenos y lanzadores 'venom' a la Policía Nacional. Desde 2017 hasta la fecha hay registro de 77 contratos firmados con la fuerza pública por un valor superior a los 43.000 millones de pesos.

Pero Fajardo no solo es dueño de esta firma. También tiene nexos con otras empresas que se presentan a licitaciones a nombre propio o como parte de una unión temporal: Inversiones Ufasa, Inversiones Hufa S.A.S., Comercializadora Vicsa S.A.S, Aviacol y Abass S.A.

Las empresas de Fajardo no han pasado en limpio durante los últimos años. En 2020 fue capturado Harold Giovanny Bocanegra, quien fungía como representante legal de Aviacol y al mismo tiempo era el subgerente de Imdicol. Bocanegra fue acusado por la Fiscalía de pertenecer a un entramado de corrupción que quedó al descubierto por un contrato para la compra de visores nocturnos destinados a la Fuerza Aérea. Actualmente, Bocanegra está en libertad, según registros de prensa en los que también se le vincula a un millonario pleito entre Aviacol y la Fuerza Aérea Colombiana en los Estados Unidos. Además, tiene procesos judiciales activos según la base de datos de la Rama Judicial.

Los visores no cumplieron con los estándares exigidos y pusieron en riesgo la seguridad de los uniformados. Además, se descubrió que militares activos y retirados habían intervenido irregularmente en el otorgamiento de los contratos. En octubre de 2020, la embajada de Estados Unidos en Colombia le reportó a la Fiscalía la apertura de una indagación contra Aviacol USA Corp por una posible red de corrupción transnacional.

Pero de forma adicional a las irregularidades de ese contrato, la Contraloría ya había advertido sobre el ‘yo con yo’ de las empresas de Víctor Hugo Fajardo. En julio de 2020, ese organismo de control halló que Aviacol e Indicol habían participado como ‘competidores’ en un proceso de contratación de la Armada Nacional en 2019, algo que habría obligado a rechazar las ofertas de ambos.

Lo mismo pasó en otro contrato de junio de 2021 para comprar municiones no letales por parte de la Policía. De los tres lotes, Imdicol se ganó dos y Aviacol uno. La excusa de la Armada y la Policía en estos dos casos fue que al adjudicarse por lotes y no por la totalidad de los artículos requeridos se permitía entregar los contratos a empresas que estuvieran relacionadas.

Finalmente, en 2012 hay registro de otro proceso irregular investigado por la Fiscalía y en el que participó Imdicol. Se trata de la compra de nueve motos para la Alcaldía de Maicao que resultaron teniendo sobrecostos de más de 65 millones de pesos. La investigación encontró que las tres empresas que enviaron sus cotizaciones no solo coincidían en el sobrecosto, sino que tenían la misma dirección, el mismo revisor fiscal y en las tres era socio Carlos Fidel Fajardo Castillo, hermano y socio de Víctor Hugo Fajardo. En este caso también salió salpicado el exalcalde Eurípides Pulido.

Otro de los proveedores de uniformes y accesorios más prósperos de las Fuerzas Militares es Milfort S.A.S, propiedad de los hermanos Felipe y Daniel Botero Cardona, con sede en La Estrella, Antioquia. En los últimos años han obtenido 57 contratos por una cifra superior a los 70.000 millones de pesos, cerca de 17 millones de dólares al cambio actual.

En su mayoría, Milfort le ha vendido a las Fuerzas Militares telas para uniformes, fundas para pistolas, overoles retardantes al fuego y materias primas como plástico y madera. Algunos de esos contratos han sido cuestionados por supuestos sobrecostos e incluso la Procuraduría abrió una indagación en noviembre de 2023 a un convenio para comprar telas de poliéster usadas para fabricar gorras militares. Sin embargo, no hay registro de sanciones.

En un escalón mucho más arriba está la reconocida empresa Miguel Caballero S.A.S, especializada en ropa blindada. Entre 2017 y 2025, esta compañía ha firmado más de 100 contratos con entidades públicas por un valor total superior a los 210.000 millones de pesos, más de 50 millones de dólares al cambio vigente. Lo anterior la convierte en el contratista más poderoso encargado de uniformar a los policías y militares de Colombia.

El papel que vale oro

En medio de la despiadada competencia entre empresas por quedarse con los contratos para vestir a los uniformados hay un documento que pasa inadvertido para un ciudadano del común. Se trata del Registro de Productor Nacional, un ‘papel’ expedido por el Ministerio de Comercio el cual certifica que una compañía produce en Colombia los productos que ofrece.

Los pasos, que se repiten en todas las licitaciones, son los siguientes: en los pliegos se aclara que si dentro de los dos días hábiles siguientes alguna empresa solicita que se cierre el proceso a productores nacionales, debe acreditar que lo que ofrece lo produce en Colombia. Esto se hace presentando el Registro de Productor Nacional. Si es así, en la licitación solo podrán participar productores colombianos.

En teoría, este requisito protege la industria local y garantiza que artículos de seguridad nacional se fabriquen en el país, como lo pide la ley. Sin embargo, también se ha convertido en una exigencia que puede dejar por fuera a varias empresas y en consecuencia habilitar a solo unas cuantas, limitando la competencia y en la práctica activando un monopolio. Por ello, la guerra entre proveedores está al rojo vivo.

CAMBIO conoció una denuncia que llegó en marzo pasado al despacho de la entonces ministra encargada de Comercio Cielo Rusinque. Allí se exponen las presuntas irregularidades y problemas que ha generado la exigencia de este registro como un requisito indispensable para ser proveedor de la fuerza pública.

Por ejemplo, en la denuncia se reseña el caso de una licitación de 2023 por más de 4.000 millones de pesos para adquirir armaduras, cascos y escudos antimotines para la Policía Nacional. Dos días antes de terminar el plazo para presentar las propuestas, a una de las empresas -Impoamericana Ltda.- le fueron revocados los registros de productor nacional de estos artículos. Lo anterior le dio la ventaja a las firmas Milfort y Nicholls, que sí contaban con el documento y por ello consiguieron que la Policía cerrara el proceso a productores colombianos. Al final, estas dos firmas se aliaron en una unión temporal y se quedaron con la mayor parte del convenio. La otra tajada fue para Imdicol.

A la fecha de cierre de este artículo, Milfort y Nicholls siguen siendo las únicas empresas en Colombia con el registro de productores nacionales para las armaduras, los cascos y los protectores faciales antimotines. Fuentes en el sector le dijeron a CAMBIO que no se explican por qué ha sido imposible para otras compañías obtener la certificación, si tienen la misma o mayor capacidad de fabricar los artículos.

“Llevamos casi tres años intentando sacar ese registro y siempre nos rechazan. Se pegan de cualquier cosa a pesar de que hemos hecho inversiones millonarias para tener nuestras plantas de producción a punto”, dijo uno de los empresarios consultados.

En las denuncias que han llegado al MinComercio, la Contraloría y la Policía Nacional se advierte de una presunta “manipulación” de funcionarios de ese ministerio encargados de expedir el certificado de productor nacional. En otras palabras, los denunciantes aseguran que el 'papel' se otorga subjetivamente. Esta versión fue sostenida por algunos proveedores consultados por este medio: “Hay funcionarios que llevan 10 años en la oficina encargada de expedir el registro y deciden a quién sí y a quién no entregarlo, otorgando privilegios con efectos millonarios”.

¿Sables 'made in Argentina'?

El Ministerio de Comercio dio respuesta a la denuncia indicando que no hay ninguna irregularidad, ni privilegios y mucha menos favorabilidad hacia ninguna empresa en la expedición del certificado. Esta fue la misma versión que esa cartera le dio a CAMBIO en los últimos días. Allí también se explicó que no hay ninguna investigación interna sobre el tema.

Además, se mostró el caso de Mozt, que entre 2012 y 2025 ha obtenido 590 certificados de productor nacional, pero también se le han negado 761 solicitudes. Es decir, de acuerdo con las cifras, no parece gozar de favorabilidad en MinComercio. Para los denunciantes sigue siendo poco creíble que esta sola empresa tenga 70 registros activos, es decir, que pueda producir 70 productos diferentes en su planta en Colombia.

Por otro lado, CAMBIO conoció el caso de un lote de sables que Mozt le vendió a la Policía en 2023. Allí se evidenciaron varias irregularidades en el origen de las espadas y los tiempos de entrega. Según los informes de supervisión y la sanción impuesta a Mozt en abril de 2024, a corte de esa fecha no se habían entregado 1.036 sables de suboficiales mientras que otras 564 espadas se entregaron con más de 100 días de retraso. Por ello, la compañía recibió una multa por más de 110 millones de pesos.

Además, dentro de la investigación por los retrasos se evidenció que una de las razones principales del incumplimiento fueron las demoras en la importación de las hojas de los sables que venían de Argentina. Lo anterior generó más suspicacias entre otros proveedores del sector, pues Muzt tiene el certificado de productor nacional pero aun así debe importar la materia prima más importante para fabricar las espadas.