Condenan a exconcejal que trabajaba para el Clan del Golfo: identificaba víctimas, financiaba crímenes y alertaba sobre la fuerza pública

Durante años, la violencia en el departamento de Córdoba ha sido atribuida en gran parte a la operación del Clan del Golfo, uno de los grupos armados ilegales más poderosos del país. Sin embargo, en muchos municipios, la expansión de esta estructura no fue únicamente el resultado de la intimidación y el control armado, sino también de alianzas silenciosas con sectores políticos locales.

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Uno de esos casos acaba de ser confirmado judicialmente. Se trata de la condena del exconcejal del municipio de San Carlos (Córdoba), Lewis Joel Acosta Soto, quien fue sentenciado a cuatro años de prisión tras aceptar su responsabilidad en facilitar ataques del Clan del Golfo contra la población civil y la fuerza pública. La decisión fue avalada por un juez penal del circuito especializado de Montería y se dio en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía.

Desde el cabildo hasta la estructura criminal

Aunque su nombre figuraba en los listados del Concejo municipal, la verdadera influencia de Acosta Soto parecía operar fuera del recinto institucional. Según reveló la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario pertenecía a una célula del Clan del Golfo con operación activa en la región, específicamente en la subestructura Javier Yepes Cantero, uno de los brazos armados de esta organización.

Su labor iba mucho más allá de la simple colaboración: fungía como orientador estratégico de las acciones delictivas. De acuerdo con las investigaciones, alertaba a los cabecillas sobre los movimientos de la fuerza pública, identificaba a ciudadanos que desobedecían las restricciones impuestas por el grupo armado y lo más grave: se encargaba de señalar posibles víctimas de homicidios.

Además, Acosta Soto gestionaba recursos logísticos como transporte y dinero para el funcionamiento de la organización criminal. Su papel, según la Fiscalía, era tan estructural que no solo ofrecía información, sino que proponía acciones concretas en puntos específicos para ejercer control armado.

Una condena, múltiples consecuencias y preguntas

La condena no solo implica cuatro años de cárcel, sino también una multa equivalente a 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, el exconcejal quedó inhabilitado por 48 meses para ejercer cargos públicos o derechos políticos. La sentencia, no obstante, es de primera instancia y puede ser apelada.

La sentencia contra el exconcejal abre nuevas preguntas: ¿cuántos otros funcionarios electos han operado bajo la lógica del Clan del Golfo? ¿Qué tanto sabían las autoridades locales sobre las actividades de Acosta Soto? ¿Existen otros casos similares en San Carlos o municipios vecinos?