Con el ritmo actual, la reforma rural tardaría 400 años: informe de la Contraloría sobre los resultados de las inversiones para el Acuerdo de Paz

Luego de conocerse la primera sentencia de la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP, en la que se impuso una restricción de la libertad por ocho años para el último secretariado de las Farc, la Contraloría advirtió que la millonaria inversión realizada hasta ahora no ha permitido materializar los objetivos del Acuerdo de Paz.

En la presentación de Noveno Informe de Seguimiento a la Implementación, el órgano de control reveló que entre 2017 y marzo de 2025 se han desembolsado 107.4 billones de pesos para la construcción de paz. Sin embargo, según la Contraloría, una gran parte de los recursos ejecutados no han generado avances concretos ni cambios significativos en los territorios.

El contralor general, Hernán Rodríguez, informó que hasta la fecha solo se ha ejecutado un 53 por ciento de lo previsto en el marco fiscal de mediano plazo. En ese sentido, advirtió que 56 entidades nacionales y territoriales deben mejorar la ejecución de los recursos y acelerar las acciones para cumplir los compromisos pendientes en la implementación del Acuerdo.

“La inversión contrasta con la baja capacidad de transformación que evidenciamos en los territorios. El 42 por ciento de los proyectos carecen de productos concretos asociados al Acuerdo. Solo el 17 por ciento permite medir resultados verificables. Además, persiste la existencia de proyectos que resultan técnicamente insostenibles”, explicó Rodríguez.

En el informe se destacó que en 2024 se presentó un aumento del 16,2 por ciento en la ejecución de los recursos requeridos para la implementación de lo acordado en La Habana tras el desembolso de 16, 2 billones de pesos. No obstante,  persisten retrasos y dificultades en la ejecución de proyectos clave para garantizar el impacto real de los recursos.

La falta de recursos para la JEP: uno de los mayores retos tras el Acuerdo de Paz

La Contraloría reconoció que en el noveno informe elaborado tras la firma del Acuerdo Final de Paz se identificaron avances en la articulación entre el Gobierno nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, aún se presentan retrasos en el desembolso de recursos necesarios para la reparación integral de las víctimas del conflicto.

El órgano de control reveló que en los últimos ocho años solo se han girado cerca de 20.000 millones de pesos para implementar las sanciones adoptadas por el tribunal de justicia transicional, lo equivalente al 4 por ciento de los 500.000 millones requeridos para cumplir con todas las decisiones definidas para prevenir escenarios de revictimización.

El contralor general destacó que en el periodo 2023-2026 la meta trazada corresponde a la implementación de 90 planes integrales de reparación colectiva orientados a beneficiar a comunidades afectadas por el conflicto armado. No obstante, hasta la fecha solo se han ejecutado seis iniciativas relacionadas con procesos de reparación con enfoque territorial.

Uno de los aspectos clave del informe corresponde a la implementación de medidas con enfoque de género en justicia restaurativa. Según el coordinador delegado para el posconflicto, Orlando Moreno, se mantienen los retrasos en la adopción de protocolos específicos para la atención de mujeres víctimas de violencia y en la capacitación de funcionarios encargados de su aplicación.

“En cuanto a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la JEP para 2024, se registró un aumento de 4.526 millones. El incremento es importante, pero aún no garantiza que los recursos sean suficientes para cubrir las necesidades previstas en programas de desarrollo territorial y atención a víctimas”, explicó Moreno.

Con el ritmo actual: tomaría 400 años cumplir la meta de la Reforma Rural Integral

Entre enero de 2017 y marzo de 2025, se han ejecutado más de 80 billones de pesos para la implementación de la Reforma Rural Integral que busca transformar las condiciones del campo colombiano para abordar las causas estructurales del conflicto. No obstante, si se mantiene el ritmo actual de formalización de tierras, la meta definida en el Acuerdo Final se cumpliría en cuatro siglos.

La Contraloría reiteró que la reforma es el desafío más rezagado de los puntos acordados en La Habana, debido a que solo se han entregado 27.000 de los 3 millones de hectáreas que estaban previstas en la meta de formalización. Sin embargo, el órgano de control destacó la entrega récord de 7.432 hectáreas en 2024 como un avance clave frente al comportamiento histórico.

En su informe de seguimiento a la implementación, la Contraloría Delegada para el Posconflicto encontró que ocho de los 16 planes sectoriales de la Reforma Rural Integral presenta una cobertura geográfica insuficiente y evidenció una limitada participación de diferentes actores institucionales responsables de avances en la transformación territorial.

Por otra parte, una serie de auditorías adelantadas por el órgano de control derivó en 113 hallazgos en la gestión fiscal de recursos del posconflicto. En el proceso, se identificaron al menos 31 casos por 4.794 millones en los que se evidenció el uso ineficiente de recursos públicos debido a la inversión poco justificada en obras que carecen de sostenibilidad, funcionalidad y continuidad.

“La construcción de paz no puede seguir dependiendo de recursos ejecutados sin transformaciones estructurales. Es urgente la evaluación de programas para mejorar la coherencia en la contratación y garantizar que cada peso invertido genere cambios duraderos y verificables en beneficio de las comunidades más vulnerables del país”, concluyó la Contraloría en su noveno informe sobre la implementación del Acuerdo Final.