El Gobierno, con todo en contra en esta legislatura

En estos días circulan en redes sociales varios videos de jóvenes influencers que, hasta hace poco, defendían incondicionalmente al presidente Petro y que ahora lo acusan de estar desconectado de la realidad del país, en especial tras afirmar que un alza en la gasolina no afecta a los pobres. Algunos le han recordado que, así como se opusieron a la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla —la cual prendió la mecha del estallido social—, hoy tienen el deber de señalar su equivocación.  

El problema más urgente para Petro no es solo la inconformidad de un sector que lo ayudó a llegar al poder, sino también el divorcio firmado con el Congreso tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.  

Este hecho pudo haber pasado como una derrota más, pero el presidente le dio una dimensión histórica —“el fascismo festeja el triunfo del nuevo magistrado”, dijo—, lo cual podría marcar el fin de sus iniciativas en el Legislativo.  

¿Por qué? Porque Petro convirtió en causa de vida o muerte la elección de la aspirante de sus afectos, María Patricia Balanta —a quien, según dijo, solo conoció tres días antes de la votación—. Esto motivó a la oposición a unificarse para bloquear su nombramiento. La cohesión y el grado de polarización actual fue tal que todos olvidaron al tercer aspirante, Jaime Humberto Tobar Ordóñez.

La elección se convirtió en un asunto tan crucial que desde el Ejecutivo aplicaron todas las formas de lucha. Así, por ejemplo, dos magistradas de la órbita del petrismo en el Consejo Nacional Electoral, CNE, levantaron de la noche a la mañana una sanción que impedía votar a los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, oficialmente de Cambio Radical pero en el corazón de Petro.  

Además, el director del partido AICO, aliado del presidente, para impedir que el senador indígena Richard Fuelantala votara a favor de Camargo. Sin embargo, todos estos movimientos resultaron inútiles.  

De 103 votos, Camargo obtuvo 62 y Balanta 41. Es decir, la oposición sumó más respaldos que en la consulta popular de mayo, cuando la Plenaria votó 49 contra 47 para negarla. Son dos derrotas sonoras que han ocurrido ante los ojos de Armando Benedetti, ministro del Interior, y a quien Petro impuso -implosionando su Gobierno- porque consideraba que era un gran operador político, el ideal para los tiempos de dificultades.  

Las consecuencias de la derrota

La derrota, naturalmente, era una posibilidad. Pero, el oficialismo esperaba un resultado más ajustado, lo que al menos habría servido como bandera para mostrar que la pelea con la oposición era pareja. No fue así. Al punto que la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta la calificó como una “paliza”.

Surge entonces la duda: ¿hubo congresistas del Pacto Histórico que votaron en contra de los deseos de Petro? “Tendremos que revisar. Fue una paliza porque pensábamos que iba a estar muy reñido, incluso que podría haber empate. Aquí algo está fallando, alguien no está diciendo la verdad en la bancada del Gobierno”, alertó Peralta.  

Petro y Benedetti lo saben. Tras el resultado, conversaron y decidieron cambiar varios ministros para castigar a quienes no acompañaron la votación. Entonces se anunció la salida de Antonio Sanguino (Trabajo, Alianza Verde), Julián Molina (TIC, La U) y Diana Morales (Comercio, Liberal). La encargada de pedir las renuncias fue Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).  

¿A once meses de entregar el gobierno, vale la pena abrir otra crisis en el gabinete? ¿La quinta o la sexta en un gabinete que ya suma 60 ministros y 120 viceministros?   

¿Es serio que el ministro con más antigüedad de los que se anuncia su retiro, Sanguino, tenga apenas ocho meses en el cargo? La renuncia pedida a la ministra Morales —con solo tres meses en funciones— la sorprendió en Japón, mientras preparaba la llegada del presidente a la Expo Mundial Osaka 2025.  

Estos detalles evidencian improvisación en la administración, y naturalmente, la oposición los celebra porque desde el Ejecutivo se transmite la sensación de desesperación, como si el tiempo se agotara, el cambio prometido no llegara y con las elecciones a la vuelta de la esquina.  

Entre los analistas hay consenso en que el Ejecutivo no ha sabido tender puentes con el Congreso. Basta recordar cuando Alfredo Saade, en su condición de jefe de gabinete, gritó “¡Reelección, reelección!” en un recinto con la totalidad de parlamentarios, para luego marcharse con el puño en alto. La imagen fue llamativa para las audiencias y un éxito de vistas para los influenciadores, pero poco efectiva en un Parlamento que rivaliza constantemente con Petro.  

¿Por qué la molestia del Gobierno con partidos como La U, tan cercanos a Benedetti? Porque, aunque el voto en la plenaria por Camargo fue secreto y no es fácil individualizar castigos, la amplia diferencia demuestra que al menos parte de esas colectividades lo apoyó sin pudor.  

Más allá de cómo se resuelva el ajuste ministerial, esta situación deja un clima de desconfianza dentro del propio Pacto Histórico.

Nubarrones en el horizonte

Lo primero que deben hacer Petro y su bancada es confirmar si hubo votos del Pacto en favor de Camargo. Luego, decidir cómo actuar. Ese es el primer escenario.  

Independientemente de si hubo votos traicionados, en el Congreso sonríen porque saben que en lo que le resta de mandato se avecinan enormes dificultades para mover las reformas en curso: la tributaria, el marco jurídico de la paz total y la de salud, especialmente.  

La percepción es que, como en otros gobiernos —pero con mayor intensidad—, este será un año de trámite. Un año de transición, en el que la neutralidad legislativa aumentará progresivamente hasta paralizar la actividad en el Congreso, cuando los candidatos al Senado y a la Cámara comiencen a centrarse en su reelección o en asegurar herederos políticos.  

Aun así, Petro insiste: “La coalición de gobierno en el Senado se rehace por completo. Su objetivo cambia”. Pero, ¿con quién? ¿Cómo lograr mayorías?  

Por lo que se, el trámite legislativo de lo que queda de este año es inocuo. Y el próximo será aún más débil.

El peso de los proyectos clave

Los proyectos en juego son demasiado importantes para el presidente. La reforma tributaria, por ejemplo, probablemente se hunda en los próximos días en las comisiones. En el Senado —especialmente en la Comisión Cuarta— ni siquiera habría mayorías para aprobar el presupuesto, que ya se cayó el año pasado y debió ser decretado. Si no hay respaldo para el presupuesto, mucho menos lo habrá para la reforma fiscal.  

Con cuestionamientos sobre el financiamiento y elecciones a la vuelta de la esquina, es poco probable que haya tracción ni siquiera para el primer debate.  

Las dificultades de Petro son de fondo y de forma. Ningún partido quiere respaldar una reforma tributaria con las pretensiones actuales, ni para personas naturales ni jurídicas.  

Asimismo, el proyecto de sometimiento enfrenta una oposición fortalecida en el Congreso y un contexto de orden público adverso: el ataque rociando gasolina y prendiéndoles fuego a dos militares en Putumayo; el secuestro de 33 uniformados en Guaviare; el atentado con camión bomba en Cali, con seis muertos y 70 heridos; el derribamiento de un helicóptero en Amalfi, Antioquia, donde murieron 13 policías; y el asesinato del senador opositor Miguel Uribe Turbay, en la capital. Todos estos hechos eclipsan la idea de otorgar beneficios a bandas criminales en las actuales circunstancias.  

Algo similar ocurre con la reforma a la salud: incluso si es aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara, llegaría sin fuerza a la Plenaria. Aunque Petro insiste en condecorar al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por sus “grandes logros”, los ciudadanos perciben cotidianamente un deterioro en el servicio.  

Es posible que el presidente arme un gabinete a su gusto —“Yo no puedo retener en mi último año a gente que no sepa del programa de gobierno y no lo aplique”, dijo— y que se la juegue con los suyos dejando de lado al Congreso. Pero, ¿para qué?  

En Palacio parecen más interesados en las elecciones de 2026 —con el fin de conservar el poder— que en aprobar leyes en el Legislativo, según coinciden varias voces políticas.