La JEP advierte falta de recursos para ejecutar sus primeras sanciones: solicitó al Gobierno nacional 121.000 millones de pesos

Una semana después de la histórica sanción de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra de los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc, el tribunal de justicia transicional envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que advierte requerir el giro oportuno de recursos para garantizar la implementación efectiva de sus decisiones.

En la solicitud enviada para la articulación presupuestal entre sectores, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, destaca que se deben adoptar medidas inmediatas con el fin de priorizar los recursos requeridos para concretar las órdenes judiciales de las dos primeras sentencias condenatorias restaurativas en la historia del tribunal.

De acuerdo con la JEP, el Ministerio de Hacienda ha girado por medio de la Dirección de Presupuesto Público Nacional cerca de 20.000 millones de pesos para adelantar acciones restaurativas en comunidades afectadas. Sin embargo, el cumplimiento de sus primeras sanciones propias exige un mayor presupuesto disponible para promover la reparación efectiva.

El tribunal de justicia transicional reiteró que la fase inicial de las sanciones en contra de los Farc y de los exintegrantes del Batallón de La Popa responsables de ejecuciones extrajudiciales tendría un costo de 121.858 millones de pesos. En ese sentido, pidió al Ministerio de Hacienda adelantar el giro para ejecutar las acciones contempladas.

“Reconocemos y valoramos de manera positiva los recientes avances del Ministerio de Hacienda. Pero resulta indispensable asegurar la apropiación presupuestal suficiente para estos proyectos, a los que se sumarán otros derivados de sentencias posteriores y de autos que establezcan medidas de contribución a la reparación”, explicó Ramelli.   

Los recursos necesarios para el cumplimiento de las sanciones contra los exFarc

En la solicitud enviada también al ministro de Hacienda, Germán Ávila, el magistrado Ramelli reveló que las sanciones definidas contra los miembros del último secretariado de las Farc por su responsabilidad en 21.396 secuestros requiere de una inversión superior a los 35.760 millones de pesos para cubrir los costos administrativos y logísticos definidos.

Los trabajos con contenido reparador relacionados con medio ambiente, la naturaleza y el territorio tendrán un costo de 13.634 millones. Con la asignación presupuestal, el tribunal de justicia transicional busca garantizar las condiciones logísticas para que los excomandantes guerrilleros participen en proyectos orientados a la preservación, restauración y sostenibilidad de ecosistemas.

La implementación del proyecto restaurativo ‘Huellas de la memoria’ exige una inversión de 10.587 millones de pesos para gestionar los espacios necesarios en los procesos de recolección de propuestas de las víctimas en torno a la construcción de sus relatos. Además, ese dinero también se utilizará para realizar un acto con contenido simbólico.

La Acción Integral Contra Minas (AICMA), en la que se desarrollarán acciones para atender el impacto social, económico y medioambiental de artefactos explosivos instalados por la extinta guerrilla, contará con una asignación presupuestal de 5.829 millones. Con ese dinero, se llevarán a cabo estrategias pedagógicas sobre el riesgo de minas, asistencia integral a las víctimas y generación de proyectos restaurativos que involucren a comparecientes, víctimas y comunidades.

Finalmente, se espera que 5.712 millones de pesos se destinen a los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas a nivel nacional para mejorar los procesos de disposición, custodia e identificación digna de cuerpo. Asimismo, se invertirán recursos para propiciar escenarios en los que los comparecientes reconozcan su responsabilidad y arrepentimiento.

Las limitaciones presupuestales que dificultan las sanciones de la JEP

El 70 por ciento de los recursos solicitados por el tribunal de justicia transicional al Gobierno nacional corresponde al dinero requerido para la sanción propia en contra de los exintegrantes del Batallón de La Popa. Por eso, la falta de recursos podría impactar directamente los mecanismos de reparación establecidos para la sentencia del caso de las ejecuciones extrajudiciales.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó en su solicitud que los recursos se invertirán en procesos de línea de memoria y redignificación, infraestructura comunitaria y proyectos de emprendimiento en comunidades afectadas. Por eso, el magistrado insistió en la necesidad de un giro oportuno de los fondos, tras advertir que cualquier demora podría comprometer la efectividad de las sanciones y retrasar las acciones de reparación.

“La inclusión de los recursos resulta indispensable para lograr los resultados esperados de las sentencias proferidas por la JEP. La solicitud es fundamental para lograr la efectiva, oportuna y sostenible provisión de recursos que permitan materializar los componentes sancionatorio, restaurativo y de restricción efectiva de libertades”, explicó Ramelli.

Al cierre de la carta enviada al presidente Petro, el magistrado también pidió al Congreso considerar en el debate legislativo la propuesta de artículos relacionados con la ejecución de las decisiones judiciales sobre la imposición, cumplimiento, monitoreo y verificación de las
sanciones propias. Además, destacó la importancia de fijar la asignación de recursos por futuras sentencias o autos sobre medidas de contribución a la reparación de víctimas.

Finalmente, la JEP advirtió que los retrasos en el trámite para la expedición del decreto del Ministerio de Justicia en el que se establecen condiciones de seguridad y prevención para las restricciones de la libertad afectan directamente la implementación de las sanciones y representan un riesgo para la protección de los comparecientes y la credibilidad del sistema de justicia transicional.