RTVC prepara nuevo documental sobre Arles Guzmán, una de las víctimas de la Operación Orión, tras sentencia de la Corte IDH

La última vez que Luz Enith Franco vio con vida a su esposo, Arles Guzmán, fue la noche del 30 de noviembre de 2002. Juntos ultimaban los detalles para cerrar el asadero de pollos que administraban en el barrio 20 de Julio, en la Comuna 13 de Medellín, un punto de la ciudad que por entonces se había convertido en escenario de desapariciones, asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos.

En la tarde de ese sábado, tres hombres llegaron hasta el local de ‘Asados el 20’ con una única misión criminal: conocer el nombre de su próxima víctima. En su llegada al establecimiento, ubicado a un par de metros de los puestos de control del Ejército y la Policía, los sospechosos pidieron a Luz Franco revelar el nombre de su esposo y, una vez obtuvieron esa información, se retiraron del lugar.

La pregunta sobre la identidad de su esposo llenó a Luz Franco de desconcierto y temor, consciente de que quienes la interrogaron buscaban algo más que un nombre. A las 7:30 de la noche, un par de horas después del primer encuentro, otros dos hombres vestidos de civil ingresaron al local, identificaron a Arles Guzmán y  hablaron durante unos minutos con él.

Después de la breve conversación, el administrador explicó a su esposa que debía acompañar a los desconocidos a un lugar cercano para responder una serie de preguntas que se negaban a revelar. Luz Franco rechazó la posibilidad de que Guzmán se marchara sin conocer su destino y, ante su insistencia, uno de los hombres enfatizó en que se trataba de una orden del ‘patrón’.

La imagen de Guzmán subiendo al taxi con dos hombres desconocidos fue la última que Franco tuvo de su esposo. Después de pasar esa noche sin tener ninguna información sobre su paradero, al día siguiente recibió una llamada en la que le explicaban que su pareja se encontraba en buen estado y regresaría pronto a casa. Sin embargo, los días posteriores transcurrieron sin señales de él y, ante la promesa incumplida, Luz decidió reportar su desaparición.

La sentencia que motivó la producción del documental de RTVC sobre las víctimas de la Operación Orión

En medio de la incertidumbre por el paradero de su esposo, Luz Franco decidió acudir junto a uno de sus cuñados al corregimiento de San Cristóbal, en la Comuna 13, para ingresar a una finca, que durante los últimos meses la comunidad del sector había señalado como un campamento de paramilitares, con el fin de hablar con el comandante alias King Kong.

Franco llegó hasta el lugar y decidió exponer su vida con la esperanza de obtener respuestas sobre el paradero de su esposo. Pero su visita concluyó con una nueva amenaza y la certeza de que lo temió desde el momento en el que reveló el nombre de su pareja: ‘Tienen cinco minutos para irse de acá. Por su esposo no se preocupe, se lo hacemos llegar picado en bolsas de basura’, le dijo uno de los paramilitares encargados de la seguridad en el predio.

En los meses posteriores a la desaparición, Franco y la familia de Guzmán asistieron a múltiples diligencias de búsqueda sin obtener resultados claros. Sin embargo, tras una larga disputa legal, el exjefe paramilitar Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, alias Aguilar, reconoció en junio de 2019 su responsabilidad en los hechos y reveló que el trabajador fue asesinado tras ser vinculado de manera infundada con organizaciones guerrilleras.

“Por su esposo no se preocupe, se lo hacemos llegar picado en bolsas de basura”

En septiembre de 2021, el caso de Guzmán llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Tras un largo proceso de investigación, diligencias y peticiones por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos, la corte determinó que el Estado colombiano sería responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal del trabajador.

En su revisión del caso, la Corte IDH encontró que la desaparición de Guzmán se presentó solo seis semanas después del inicio de la Operación Orión, la acción militar de mayor envergadura realizada en territorio urbano, en la que se ejecutaron capturas arbitrarias, detenciones selectivas y desapariciones mediante la actuación irregular de agentes del Estado.

La Corte IDH estableció que Guzmán fue una de las personas que desaparecieron en la operación en la que paramilitares del Bloque Cacique Nutibara cometieron violaciones a los derechos humanos con la aquiescencia de la fuerza pública. “En el caso se encontró que la víctima fue sustraída del lugar donde trabajaba por miembros de las AUC, quienes realizaban actividades delictivas bajo el conocimiento de la fuerza pública”, se lee en la sentencia.

El documental que RTVC producirá sobre las víctimas de la Operación Orión

Una de las medidas de reparación establecidas por la Corte IDH en su sentencia de agosto de 2023 es la elaboración de un documental para contribuir a la memoria, la verdad y la difusión de los hechos relacionados con el caso. En ese sentido, se estableció que el Estado deberá garantizar la participación de las víctimas en todas las etapas de producción.

La Corte Interamericana determinó que la grabación y distribución del producto audiovisual contará con financiación estatal. Asimismo, se definió que el documental debería ser presentado en un canal de difusión nacional en el horario de mayor audiencia televisiva para asegurar el alcance de la historia en la que se reconstruirán las graves violaciones cometidas durante la Operación Orión.

En la sentencia se estableció que el Estado colombiano debía garantizar que el documental se emitiera en las pantallas antes de agosto de 2024. Sin embargo, un año después del plazo definido, la producción que narra la historia sobre la desaparición de Guzmán y la lucha de varias familias de la Comuna 13 para obtener justicia y visibilizar los crímenes cometidos aún no ha sido estrenada.

En noviembre del año anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió una resolución en la que ordenó el desembolso de 245 millones de pesos a RTVC Sistema de Medios Públicos para la realización, distribución y transmisión del documental audiovisual con el fin de cumplir con los criterios de alcance y difusión establecidos por la Corte IDH.   

El proyecto, que deberá ser ejecutado antes de noviembre del próximo año, contempla la participación activa de las víctimas, quienes podrán aportar sus testimonios y participar en las decisiones creativas y de producción para garantizar que la narrativa refleje sus historias y cumpla con los lineamientos de reparación integral para la promoción de la memoria histórica.

Más de dos décadas después de la desaparición de Arles Guzmán, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado por las autoridades, sus familiares esperan que el Estado colombiano cumpla la sentencia de la Corte IDH y ofrezca garantías para evitar que agentes estatales repitan abusos o violaciones de derechos humanos como los que marcaron la Operación Orión.