Aumento del pasaje de TransMilenio, bajo la lupa del Ministerio de Transporte: “El salario mínimo no puede ser la excusa”

El reciente aumento de la tarifa de TransMilenio volvió a encender el debate entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá. Esta vez, el Ministerio de Transporte cuestionó la justificación del alza de 350 pesos en el pasaje del sistema, que llevó la tarifa a 3.550 pesos, y advirtió que el incremento del salario mínimo “no puede ser la excusa” para trasladar ese costo a los usuarios.

Según el ministerio, el ajuste equivale a un incremento del 10,9 por ciento, un porcentaje que supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en 2025 cerró en 5,1 por ciento y es el indicador que históricamente ha servido como referencia para los análisis tarifarios del transporte público urbano.

‘El salario mínimo no puede trasladarse automáticamente a la tarifa’: Ministerio de Transporte

La cartera aseguró que los costos laborales son apenas una de las variables estructurales del sistema y que no pueden analizarse de forma aislada. En su concepto, cualquier modificación tarifaria debe partir de un estudio integral que diferencie qué componentes de costos se indexan al IPC, cuáles dependen del salario mínimo y cómo interactúan con otros factores clave.

Entre esos factores, el ministerio mencionó la eficiencia operativa del sistema, la gestión contractual, los mecanismos de subsidio y compensación, y el impacto que el alza puede tener sobre la demanda de usuarios. Sin ese análisis técnico y financiero, advirtió el ministerio, no es válido trasladar de manera inmediata y total el aumento de una sola variable –como el salario mínimo– al precio del pasaje.

Aunque la Alcaldía de Bogotá había justificado el alza de la tarifa debido al incremento del 23 por ciento del salario mínimo –decretado por el Gobierno nacional y con impacto directo en los costos de contratación–, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sostuvo que ese factor no constituye una justificación automática para subir el costo del transporte público en la capital. “El aumento del salario mínimo no puede ser la excusa para subir la tarifa de TransMilenio”, afirmó.

Las competencias del distrito y el rol del ministerio

El ministerio reconoció que, de acuerdo con la normatividad vigente, la facultad de fijar las tarifas del transporte público urbano recae en los entes territoriales, en este caso la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, la entidad aseguró que la nación sí tiene competencia técnica para revisar y conceptuar sobre la razonabilidad de los incrementos, especialmente cuando estos tienen efectos significativos sobre los usuarios y la sostenibilidad del sistema.

Ese rol, explicó el ministerio, se sustenta también en el hecho de que el Gobierno ha cofinanciado históricamente la infraestructura troncal de TransMilenio, lo que le da legitimidad para pronunciarse sobre decisiones que afectan el equilibrio financiero del sistema.

“El Ministerio de Transporte cuenta con competencia técnica para revisar, conceptuar y pronunciarse sobre la razonabilidad de los incrementos tarifarios, especialmente cuando estos generan impactos significativos sobre los usuarios y sobre la sostenibilidad del sistema. Esta competencia se ejerce en un contexto en el que la nación ha cofinanciado históricamente la infraestructura troncal del sistema TransMilenio”, explicó la cartera.

La flota eléctrica y el impacto en el Fondo de Estabilización Tarifaria

En el mismo contexto, el ministerio recordó que recientemente se aprobó el convenio de cofinanciación de la flota eléctrica para Bogotá y su extensión a Soacha. Aunque este acuerdo no está ligado directamente a la definición de la tarifa ni compromete la operación diaria del sistema, sí tendrá impactos futuros sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Para el Gobierno, ese escenario refuerza la necesidad de que las decisiones tarifarias se adopten con criterios técnicos y fiscales sólidos, evitando que los ajustes recaigan de forma desproporcionada sobre los usuarios, especialmente en un contexto de presión económica para los hogares de menores ingresos.

La revisión técnica y ¿un posible pronunciamiento que definirá la tarifa?

Como siguiente paso, el Ministerio de Transporte anunció que, junto con la Superintendencia de Transporte, solicitará a TransMilenio S. A. el desglose detallado del análisis técnico que sustentó el incremento del 10,9 por ciento. La solicitud incluye la diferenciación precisa de los costos asociados al IPC, al salario mínimo y a otros componentes relevantes del sistema.

Con esa información, la cartera emitirá un concepto sobre la razonabilidad, proporcionalidad y coherencia del aumento, con el objetivo –según señaló– de proteger el interés general y los derechos de los usuarios del transporte público.