Universidad Metropolitana de Barranquilla: corrupción judicial por mantener el poder y ausencia de control estatal

El control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla se ha disputado durante años y ha pasado por despachos judiciales, intermediarios políticos y maniobras dilatorias. Hoy, el expediente que rodea esa pugna deja una escena aterradora: un exsenador condenado por intentar sobornar a un juez, un directivo universitario imputado por corrupción, un magistrado acusado por prevaricato y fraude procesal, y un Ministerio de Educación que, pese a la gravedad de los hechos, guarda silencio mientras la estructura de poder permanece intacta.

Esta semana que pasó, la Fiscalía imputó cargos –en contumacia– a Luis Fernando Acosta Osio, excónsul de Polonia y actual presidente del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias de servidor público. La imputación se refiere a dos conductas diferenciadas pero conectadas por un mismo objetivo: conservar el control de la Universidad Metropolitana y de su hospital universitario.

Sobre el delito de cohecho, dijo la Fiscalía, se configuró porque Acosta Osio habría intentado sobornar a un juez para que negara un restablecimiento de derechos que podía desplazarlo del control de la institución. Para ese propósito –sostiene el ente acusador– utilizó como intermediario al entonces senador Eduardo Pulgar, quien ofreció 200 millones de pesos al funcionario judicial. Pulgar aceptó cargos, fue condenado y actualmente cumple su pena. En el proceso penal reconoció haber intervenido para influir indebidamente en decisiones judiciales, confesión que se convirtió en una de las pruebas centrales del expediente.