Auditoría única y nuevas reglas: así cambiaría el manejo del Soat, según el borrador de decreto
Un proyecto del Ministerio de Salud plantea una reorganización en el manejo de las reclamaciones del Soat. La iniciativa redefine quién audita las cuentas médicas y cómo se distribuyen los pagos entre aseguradoras, entre otros.
Por: Redacción Cambio
El funcionamiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) podría entrar en una nueva etapa. Un borrador de decreto del Ministerio de Salud propone ajustes que impactarían directamente a clínicas, aseguradoras, entidades territoriales y personas afectadas en accidentes o hechos violentos.
Estos son los cambios centrales del Soat
La apuesta central del documento es simplificar el proceso de revisión de las cuentas médicas. En lugar de mantener dos auditorías sobre una misma atención, una por parte de la aseguradora y otra por parte del Estado, el esquema se concentraría en una sola instancia, dependiendo del monto reclamado.
En términos prácticos, si la atención se encuentra dentro del límite de la cobertura diferencial, la aseguradora asumiría tanto la auditoría como el pago. Si el valor supera ese tope, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) realizaría la revisión integral y giraría el total aprobado a la institución de salud, para luego repetir contra la aseguradora por la parte correspondiente. Con ello, se busca evitar trámites paralelos y acortar tiempos de desembolso.
El proyecto también cambia la lógica de las reclamaciones. Las IPS tendrían que radicar directamente ante quien corresponda, aseguradora o ADRES, la factura y los soportes exigidos. Además, el uso del sistema Siras sería obligatorio para registrar los casos y controlar que no se presenten cobros simultáneos ante diferentes entidades.
En materia de certificaciones, el borrador amplía las autoridades que pueden acreditar la condición de víctima en eventos terroristas. Ya no sería una función exclusiva del alcalde: también podrían hacerlo la Secretaría de Gobierno, un delegado o la autoridad encargada del censo. El ajuste busca reducir trabas administrativas que, según el diagnóstico oficial, han retrasado indemnizaciones y reconocimientos.
Otro punto relevante es la formalización del censo en eventos catastróficos y terroristas. Las autoridades locales tendrían un plazo definido para consolidar la información de las personas afectadas y enviarla a la ADRES, documento que se convertiría en requisito para acceder a pagos y compensaciones.
El texto prevé un periodo de transición. Los hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia del decreto continuarían bajo las reglas actuales. Si el proyecto se expide en los términos planteados, el Ministerio deberá fijar en las semanas siguientes los detalles técnicos del nuevo modelo.
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