Carlos Camargo nombró en la Defensoría a hijos de dos consejeros de Estado que hoy estudian su nulidad
En El Reporte Coronell se revela que el magistrado Carlos Camargo no solo benefició con cargos a familiares de los magistrados de la Corte Suprema que lo nominaron y a senadores que lo eligieron, sino también a hijos de consejeros de Estado que hoy tienen en sus manos las 15 demandas de nulidad contra su elección.
Por: Redacción Cambio
En El Reporte Coronell de este viernes se revela una nueva arista del caso que rodea la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Mientras el Consejo de Estado acumula 15 demandas de nulidad contra su nombramiento sin darles trámite efectivo, al menos dos de los magistrados encargados de resolver esos procesos tienen hijos que fueron vinculados laboralmente a la Defensoría del Pueblo cuando Camargo era su director.
El patrón es similar al que se identificó en la Corte Suprema de Justicia, que lo postuló, y con senadores que votaron por su elección. En ambos casos, familiares de quienes lo favorecieron políticamente obtuvieron nombramientos o contratos en la Defensoría. Ahora el mismo esquema aparece replicado en el tribunal que debe juzgarlo.
Los magistrados con hijos nombrados por Camargo
Joaquín Andrés Barreto Rodríguez, hijo del magistrado Omar Joaquín Barreto, integrante de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la misma que tramita los procesos contra Camargo, fue vinculado como profesional universitario en la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Defensoría.
El magistrado Barreto sí se declaró impedido para actuar en el caso, aunque no por ese nombramiento, sino alegando “amistad íntima” con Camargo.
Pero distinta es la actitud del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, también de la Sección Quinta. Su hija, Valentina Álvarez Sanabria, fue nombrada en dos ocasiones distintas dentro de la Defensoría: primero como profesional universitaria en la Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, y luego ascendida a la Oficina de Asuntos Internacionales.
A diferencia de su colega Barreto, Álvarez Parra no se ha declarado impedido y continúa actuando dentro del proceso, donde su labor más reciente consistió en firmar un auto que ordena mantener el expediente en Secretaría mientras se decide sobre la acumulación de los procesos, una medida que en la práctica profundiza el estancamiento del caso.
La acumulación de las 15 demandas, la falta de impedimentos y los sucesivos autos de trámite sin fondo han convertido el expediente en un laberinto procesal. Ante esa situación, el abogado José Fernando Gutiérrez, uno de los demandantes, presentó recientemente una solicitud de impulso procesal ante la magistrada Gloria María Gómez Montoya, buscando sacar el expediente adelante.
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