La Procuraduría anuló investigación a 11 funcionarios del Inpec por fiesta en Itagüí

La Procuraduría General de la Nación dejó sin efecto la investigación disciplinaria que se adelantaba contra 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), vinculados al escándalo por una fiesta vallenata realizada en la cárcel de Itagüí. La decisión también revoca la suspensión provisional que había sido impuesta días atrás.

• ¿Sabía que puede leer hasta diez artículos de CAMBIO sin costo? Regístrese aquí

El Ministerio Público concluyó que el proceso presentó fallas de fondo que comprometieron el derecho al debido proceso de los investigados. Por esta razón, declaró la nulidad de las actuaciones adelantadas desde la apertura formal de la investigación y ordenó reanudar el caso desde una etapa preliminar.

Irregularidades en el proceso disciplinario

Según la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, la decisión inicial de investigar y suspender a los funcionarios no cumplió con los requisitos legales. En particular, se evidenció que no se detallaron de manera clara las conductas específicas atribuidas a cada uno de los implicados.

El ente de control señaló que esta omisión impidió que los funcionarios conocieran con precisión los hechos por los cuales eran investigados, lo que vulnera garantías básicas como el derecho a la defensa y a la contradicción. En ese sentido, advirtió que toda actuación disciplinaria debe especificar de forma concreta las posibles faltas, diferenciando la responsabilidad individual de cada servidor público.

Con la nulidad declarada, el proceso regresará a una fase de indagación previa. Esto implica que las autoridades deberán rehacer parte del procedimiento, esta vez cumpliendo con los estándares exigidos por la ley disciplinaria.

Aunque la investigación se reanuda, la Procuraduría aclaró que las pruebas recopiladas hasta el momento seguirán siendo válidas y podrán ser tenidas en cuenta en el nuevo trámite.

La polémica fiesta en la cárcel de Itagüí

El caso se originó tras las denuncias sobre una celebración realizada el pasado 8 de abril dentro del centro penitenciario. Según la información conocida, el evento habría incluido música en vivo, comida y bebidas, y habría contado con decenas de asistentes.

Uno de los puntos más cuestionados fue la participación del cantante vallenato Nelson Velásquez, cuya contratación habría costado cerca de 100 millones de pesos. Además, se estimó que el evento en total habría requerido recursos cercanos a los 500 millones de pesos.

Las denuncias también apuntaron a presuntas fallas en los controles de ingreso, registro y vigilancia dentro del pabellón donde se llevó a cabo la actividad, lo que encendió las alertas sobre la seguridad en el centro carcelario.

¿Qué pasará con la investigación?

Pese a la nulidad, la Procuraduría enfatizó que el caso no se cierra. Por el contrario, continuará bajo una nueva revisión que deberá establecer con claridad las responsabilidades individuales y garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales.

La decisión, que fue adoptada de oficio por el organismo de control, no admite recursos. Mientras tanto, el escándalo sigue generando cuestionamientos sobre el manejo interno de las cárceles y los controles dentro del sistema penitenciario colombiano.

Horas después, la Procuraduría reabrió la investigación disciplinaria e incluyó en el proceso al director encargado, Fabián Leandro León Rodríguez, quien actualmente se desempeña como subdirector, por una presunta falsedad ideológica en documento público.

Con esta vinculación, el caso se amplió a 12 funcionarios y se ordenó la suspensión provisional, por tres meses y sin remuneración, de varios uniformados, entre ellos dragoneantes, un intendente, tenientes y un inspector jefe, mientras avanza la investigación. Además, el Ministerio Público compulsó copias para que se investigue al director titular del centro penitenciario, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntos cambios informales en los turnos.