Ley Jineth Bedoya avanza en tercer debate: ¿qué es y qué falta para ser aprobada?
La Ley Jineth Bedoya avanzó en su trámite legislativo al ser aprobada en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. La iniciativa propone establecer como obligatoria la formación en enfoque de género para los funcionarios públicos. Conozca los detalles.
Por: Nataly Ríos
El proyecto de Ley Jineth Bedoya dio un paso clave en su trámite legislativo tras ser aprobado por unanimidad en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. La iniciativa plantea que todos los servidores públicos que atienden a mujeres víctimas de violencias basadas en género reciban formación obligatoria y permanente con enfoque diferencial, en un intento por reducir la revictimización institucional.
La propuesta responde directamente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2021 responsabilizó al Estado colombiano por los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual sufridos por la periodista Jineth Bedoya en el año 2000. Con este proyecto, se busca cumplir el mandato de crear un sistema de capacitación que transforme la atención estatal a las víctimas.
Durante la discusión participaron varias congresistas, entre ellas Norma Hurtado, Nadia Blel y Catherine Juvinao, quienes coincidieron en la necesidad de erradicar las fallas estructurales en la atención institucional.
Según explicó Juvinao, el objetivo es frenar las violencias que ocurren dentro del propio aparato estatal cuando las mujeres acuden a denunciar y terminan siendo nuevamente afectadas.
Además, Norma Hurtado dijo: “Esta ley, que lideramos las mujeres de este Congreso, va a permitir que personas, entidades e instituciones que ejercen la función pública, tengan que acoger el llamado para establecer la protección de los derechos de la mujer”.
Después de la aprobación, Jineth Bedoya Lima intervino para destacar la relevancia de esta ley a partir de su experiencia personal: “Si los investigadores y los funcionarios públicos que hicieron parte de este proceso hubieran tenido una formación en prevención de violencias basadas en género, yo no hubiera tenido que repetir una y otra vez la tortura de mi violación. Porque eso es lo que he padecido estos 26 años”.
Uno de los puntos más importantes del debate giró en torno a las cifras que evidencian fallas en la protección. Según datos reflejados en el debate, el 35,4 por ciento de las mujeres víctimas de feminicidio fueron valoradas previamente por Medicina Legal y posteriormente enviadas a sus casas, muchas veces con sus agresores. Así mismo, hay más de 119 feminicidios, 46.000 casos de violencia intrafamiliar y 102.000 lesiones no fatales registradas en 2025.
De igual forma, datos de la Procuraduría indican que la mayoría de las denuncias por acoso laboral con enfoque de género no avanzan hacia sanciones, lo que deja en evidencia barreras estructurales para las víctimas. Por ello, la iniciativa incluye a contratistas y particulares que ejerzan funciones públicas dentro de la obligación de capacitarse, además de establecer evaluaciones periódicas para verificar la aplicación real de estos conocimientos.
¿Qué falta para que la ley se ponga en marcha?
El proyecto ya superó tres de los cuatro debates requeridos en el Congreso. Aún le resta su discusión y votación en la plenaria del Senado, instancia en la que se definirá si logra avanzar hacia su aprobación definitiva. Este último debate será clave para consolidar el respaldo político necesario y garantizar que la iniciativa no sufra modificaciones que alteren su alcance.
En caso de obtener luz verde en esta etapa, el proyecto pasará a manos del presidente de la república para su sanción. Solo después de este trámite podrá entrar en vigencia como ley y comenzar su implementación, lo que implica diseñar y ejecutar los programas de capacitación obligatoria para funcionarios públicos en todo el país.
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