Primicia: Gobierno de Gustavo Petro crea megarreserva en la Sierra Nevada y suspende expedición de títulos mineros en casi un millón de hectáreas

Para los kogui es el corazón del mundo y para Alejo Durán unos senos altaneros que coquetean con las playas del Caribe. Los primeros viven, en su mayoría, encaramados a más de 2.000 metros de altura, más cerca que cualquiera de las nieves perpetuas de los dos picos gemelos. El segundo nació en El Paso, uno de los pueblos más calientes del país asentado en una planicie que está 50 metros por encima del nivel del mar. Esa es la Sierra Nevada de Santa Marta; cordillera costera (la más alta del mundo), macizo montañoso, patrimonio de la humanidad y, sobre todo, un espacio diverso de culturas, visiones del mundo y, cómo no, de problemas.

La necesidad de la conservación natural y étnica de la Sierra ha reñido desde hace décadas con el conflicto armado y una economía (legal e ilegal) que puso la mira en la explotación de los recursos minerales de la cadena montañosa. Casi todos los presidentes de los últimos 50 años han subido en helicóptero a pedir la bendición las autoridades indígenas y prometer avances, ahora sí sustanciales, para blindar el territorio. 

Pero si bien algunas medidas han llegado, no han sido suficientes para mantener a salvo la Sierra Nevada, obligando a decisiones de mayor envergadura como la que recientemente tomó el Gobierno de Petro y que CAMBIO conoció en primicia.

Un millón de canchas de fútbol

Si se quisiera dimensionar un terreno de 942.005 hectáreas se podrían hacer varios ejercicios de comparación: unos 1,3 millones de canchas de fútbol profesional, tres veces el departamento del Atlántico, cinco veces el departamento del Quindío o más del doble del área de Risaralda. Esa es la extensión de la nueva reserva que activó el Ministerio de Ambiente a través de una resolución expedida el pasado 30 de marzo.

En ella, la ministra encargada Irene Vélez declaró la “reserva de los recursos naturales renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta de carácter temporal” por dos años en una zona que incluye territorio de varios municipios en tres departamentos: Cesar, Magdalena y La Guajira.

Esta figura se enmarca dentro de un decreto de 1974 que permite crear este tipo de reservas para, entre otros, proteger, conservar o restaurar el ambiente. 

“Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos de concesión o autorización de uso a particulares”, dice parte de ese decreto.

Justamente, la resolución del Ministerio de Ambiente tiene como consecuencia principal la prohibición a la Agencia Nacional Minera de otorgar nuevas concesiones mineras y de firmar nuevos contratos de exploración y explotación. Incluso, la normativa ordena frenar el trámite de cualquier solicitud en ese sentido.

Además, se prohíbe a las autoridades ambientales de los tres departamentos otorgar licencias ambientales a cualquier proyecto orientado a la explotación de minerales. Es decir, las corporaciones autónomas regionales no podrán autorizar ninguna iniciativa de explotación minera en los más de 9.000 kilómetros cuadrados de la nueva reserva.

Por otro lado, la resolución también les permite a los proyectos de explotación minera continuar con su actividad si cuentan con la licencia vigente. No obstante, una vez termine el permiso este no podrá ser prorrogado. Adicionalmente, el ministerio también permite la continuidad de aprovechamientos temporales de materiales para la construcción requeridos para obras públicas, al igual que los proyectos de formalización de pequeña minería de materiales de arrastre (grava y arena).

Freno a la maquinaria minera

El objetivo del Ministerio de Ambiente con esta medida es proteger la biodiversidad de la Sierra Nevada de manera temporal mientras se adelantan estudios técnicos y consultas con las comunidades para decisiones definitivas sobre el manejo y uso de las 944.000 hectáreas declaradas como reserva. De hecho, CAMBIO conoció que esta resolución surgió de una solicitud elevada por el Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Gonawindua), integrado por los pueblos wiwa, kogui, kankuamo y arhuaco en febrero pasado.

Fue a partir de esa petición que el ministerio elaboró un documento técnico para determinar la extensión del territorio que se incluiría en esa reserva. La conclusión fue seguir protegiendo las 412.000 hectáreas que ya venían amparadas bajo una resolución de 2024 y agregar 532.000 hectáreas nuevas, una extensión inédita respecto a otras decisiones en el pasado sobre esta región.

Al superponer las 944.000 hectáreas de la reserva se evidencia que el área involucra 21 municipios, cuatro resguardos indígenas correspondientes a los pueblos arhuaco, wiwa, kankuamo y kogui y seis consejos comunitarios de comunidades negras y afrocolombianas.

En el mapa del área de la reserva se observa un espacio al centro que no corresponde a una excepción sino a territorios que ya están blindados a través de otras figuras legales. Por ejemplo: el Parque Nacional Tayrona, el Parque Nacional Sierra Nevada, la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Santuario Los Flamencos.

Aunque en esta área identificada los pueblos indígenas advirtieron al Ministerio de Ambiente problemas de deforestación, ganadería y turismo no regulado, la minería legal e ilegal se posicionó como la situación más urgente a atender. 

“Los cuatro pueblos indígenas guardianes han manifestado que estas actividades extractivas amenazan la integridad ambiental de la Sierra y, con ello, la supervivencia de su cultura y cosmovisión”, dice parte de la documentación técnica del Ministerio de Ambiente.

Las cifras a las que CAMBIO tuvo acceso reflejan la dimensión de la locomotora minera en la región de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por ejemplo, a corte de febrero, había 122 títulos mineros vigentes, de los cuales cuatro se superponen con el área de cinco resguardos indígenas.

• Uno a cargo de Marjal S.A.S en Barrancas, La Guajira, superpuesto en los resguardos wayúu de Trupiogacho y La Meseta.
• Uno de Carbones del Cerrejón en La Guajira, superpuesto en el resguardo wayúu Cuatro de Noviembre.
• Otro de Carbones del Cerrejón en Hatonuevo y Barrancas que ocupa parte del resguardo Wayúu de Provincial.
• Uno a cargo de Disna Inc en Hatonuevo que ocupa parte del resguardo wayúu de Lomamato.

Además de los títulos, hasta el mes pasado había 81 solicitudes vigentes de contrato de concesión, áreas de reserva especial y legalización. De esas solicitudes, siete se sobreponen con el área de diez resguardos indígenas de las comunidades wayúu y kankuamas. 

Al cruzar la información de títulos y solicitudes vigentes con la nueva reserva se encuentra que en el polígono de 944.000 hectáreas hay 93 títulos vigentes que ocupan poco más de 46.000 hectáreas. 

El de mayor extensión (9.440 hectáreas) está a nombre de Gustavo Rodríguez Vargas, empresario dedicado a la extracción de carbón en el Cesar. Le sigue otro título de 8.965 hectáreas a nombre de La Macuira Inversiones y Construcciones, una empresa de La Guajira y habitual contratista de obras públicas. De hecho, esta firma hizo parte del consorcio que fue criticado por los inconvenientes en la construcción del estadio Sierra Nevada en Santa Marta.

Por otro lado, en el área de la nueva reserva se identificaron 77 solicitudes de concesión minera que en total agrupan 74.227 hectáreas. La más grande es por 9.710 hectáreas hecha por Alianza Ecominera Sostenible S.A.S, una empresa paisa. Le sigue otra solicitud por 9.470 hectáreas hecha por el empresario Miller Herney García.

Todas estas 77 solicitudes quedaron frenadas por la resolución del Ministerio de Ambiente. Al respecto, la documentación técnica de la nueva normativa, de pasada, una petición hecha por la Agencia Nacional de Minería que da pistas de los posibles líos venideros para esa entidad y la cartera de Ambiente.

“La Autoridad Minera considera pertinente que la información presentada sobre superposiciones sea considerada e igualmente resalta la importancia de minimizar el riesgo jurídico al Estado frente a las situaciones jurídicas consolidadas”, dice parte de la documentación técnica.

De hecho, CAMBIO conoció que en el último mes y a raíz del periodo de comentarios sobre el borrador de la resolución que establece la ley, el Consejo Territorial de Cabildos logró endurecer varios puntos de la normativa. Por ejemplo, fue este órgano asociativo indígena el que consiguió la prohibición expresa de otorgamiento de licencias ambientales y así prevenir cualquier ‘leguleyada’. También pidieron incluir la mención explícita a que el objetivo final es crear una reserva definitiva.

“Asegurar que la protección no cese sin una reserva definitiva y que se reconozcan estrategias complementarias de conservación biocultural propias”, fue una de las recomendaciones hechas por los indígenas al Ministerio de Ambiente.

Fuentes en el sector minero aseguraron que están evaluando el impacto de la resolución y la nueva megarreserva ambiental. De hecho, en febrero del año pasado el Consejo de Estado falló a favor de la Agencia Jurídica del Estado en un pleito con la Veeduría Dignidad Minera, que pidió suspender un decreto de 2024 que fijó nuevas reglas para las reservas temporales. 

En ese entonces los mineros alegaron que la norma desconocía principios de legalidad, el debido proceso y la coordinación entre las autoridades ambientales y mineras. Además, ignoraba los derechos adquiridos. 

“La protección del derecho al ambiente sano prevalece sobre derechos adquiridos, y más cuando se indica que se trata de la propiedad, a la que constitucionalmente le corresponde una función ecológica”, dijo el tribunal en la sentencia.

Con esta decisión, el Gobierno no solo deja una de las mayores áreas protegidas de los últimos años, sino que pone a prueba su capacidad para convertir los anuncios en control real del territorio. La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido durante décadas escenario de conflictos por la tierra, economías ilegales y abandono estatal. La pregunta, más allá del decreto, es si esta vez habrá recursos, vigilancia y presencia suficiente para que esa protección no se quede escrita en el papel.