Destapan 31 empresas de seguridad infiltradas por estructuras criminales
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada encontró que varias empresas del sector facilitaban actividades ilegales.
Por: Javier Patiño C
En una investigación orientada a detectar la presencia de organizaciones ilegales en empresas de vigilancia privada, las autoridades identificaron que 31 compañías no cumplían con la normativa vigente. Por este motivo, se ordenó la suspensión de sus licencias de funcionamiento.
El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales, informó que la medida se aplicó a empresas ubicadas en distintas regiones del país. En Barranquilla, por ejemplo, las compañías Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda. recibieron la cancelación de sus licencias en fallo de primera instancia.
Así mismo, anunció que otras ocho empresas serán sancionadas próximamente como resultado de las investigaciones en curso. “Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad”, explicó el funcionario. Además, señaló que “el patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”.
Durante la investigación, se evidenció que varias de las armas autorizadas a estas empresas aparecieron vinculadas a hechos delictivos, así como personal relacionado con estructuras criminales asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales.
La ofensiva institucional también busca fortalecer el control de armas en manos de particulares, avanzar en investigaciones con impacto judicial y mejorar el cruce de información para detectar irregularidades.
“El sector de la vigilancia privada es fundamental para el país, ya que genera empleo para más de 360.000 familias”, destacó Álvarez Morales. Igualmente, reiteró que la mayoría de las empresas operan dentro de la legalidad y advirtió que cualquier organización que incumpla la ley o sea utilizada para actividades ilícitas será sancionada con todo el peso institucional, en desarrollo de un nuevo enfoque basado en inteligencia, analítica de datos y articulación interinstitucional.
Finalmente, la Superintendencia reiteró su llamado a todas las empresas del sector a actuar con estricto apego a la ley, con el fin de garantizar que este servicio opere bajo los más altos estándares de legalidad.
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