“No se están garantizando condiciones mínimas de dignidad para los privados de la libertad”: Corte Constitucional
La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional evaluó la gestión de las entidades territoriales frente a la orden de garantizar condiciones mínimas de dignidad a los reclusos. Solo Antioquia, Nariño y Bogotá alcanzaron un nivel de cumplimiento medio.
Por: Juan David Cano
La Corte Constitucional concluyó que las gobernaciones del país no están cumpliendo con la orden de conseguir lugares adecuados para trasladar a las personas detenidas que hoy permanecen hacinadas en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
El caso viene de la Sentencia SU-122 de 2022, en la que la Corte advirtió que estos centros, conocidos como de detención transitoria, violaban de forma masiva los derechos de los detenidos. Allí dejó claro que nadie puede permanecer en esos sitios por más de 36 horas. Para solucionar el problema, le ordenó a las gobernaciones y a Bogotá que en un plazo máximo de 18 meses consiguieran inmuebles propios, arrendados o prestados, con buenas condiciones de seguridad, salud e higiene.
Sin embargo, al revisar los informes, la Sala Especial de Seguimiento encontró que la mayoría de regiones no avanzó. En total, 14 departamentos fueron calificados con incumplimiento general: Amazonas, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo, Santander y Valle del Cauca.
Según la Corte, estos departamentos no hicieron una lista de inmuebles disponibles, no pasaron de la etapa de diagnóstico y se limitaron a enviar circulares, hacer reuniones sin resultados y destinar muy poco dinero al tema.
En un nivel de cumplimiento bajo quedaron Guainía, Guaviare, Magdalena, Risaralda, Sucre, Tolima y Vaupés. Estos departamentos hicieron algunas cosas, como entregar recursos o firmar convenios para alimentar a los detenidos, pero no presentaron una lista real de inmuebles ni contratos con impacto.
Solo tres entidades alcanzaron un cumplimiento medio. Antioquia puso en funcionamiento la cárcel municipal de Titiribí, donde empezaron los traslados desde el 20 de marzo de 2025. Nariño compró terrenos en Pasto e Ipiales y destinó dinero para adecuarlos. Bogotá abrió el Centro Especial de Reclusión, con 216 nuevos cupos. Aun así, la Corte aclaró que estos avances no alcanzan para resolver el problema.
Otros nueve departamentos ni siquiera respondieron: Arauca, Atlántico, Cauca, Chocó, La Guajira, Norte de Santander, Quindío, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Vichada. Para la Corte, no entregar información ya es una señal de incumplimiento.
A esto se suman fallas del Gobierno nacional. La Corte señaló que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se ha negado a recibir detenidos. Pese a las órdenes judiciales, no responde a las solicitudes de convenios y pone trabas administrativas. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), encargada de la alimentación, dejó sin comida a cerca de 1.000 personas el 19 de mayo de 2025.
El hacinamiento en centros transitorios está en 95,5 por ciento
Las cifras muestran que, con corte al 22 de febrero de 2026, la Policía Nacional reportó 18.986 personas detenidas en lugares con capacidad para solo 9.711. Es decir, un hacinamiento del 95,5 por ciento, casi dos personas por cada cupo.
Hay casos extremos. En el CAI Aguaclara, en Cali, había 175 personas en cinco cupos, un hacinamiento del 3.400 por ciento. En el centro de detención transitoria de Neiva había 299 personas en 11 cupos, un 2.618,2 por ciento. Ambos llevan más de tres años así.
La orden que dejó la Corte a Bogotá, las gobernaciones y hasta al Gobierno
Frente a esto, la Corte tomó medidas con plazos fijos. Todas las gobernaciones y Bogotá deberán presentar, en cuatro meses, un Plan de Atención Integral. Este debe incluir un mapa con los inmuebles disponibles, un cronograma con metas cada tres meses, las fuentes de los recursos, medidas de emergencia antes del 31 de octubre de 2026 y un diagnóstico del faltante de cupos por municipio.
A la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le ordenó usar, en seis meses, los bienes que el Estado le ha quitado al narcotráfico para aliviar el hacinamiento. Los ministerios de Hacienda y Justicia, junto con Planeación Nacional, deberán entregar en tres meses un informe sobre la posibilidad de cofinanciar a los municipios sin recursos. Además, el Ministerio de Justicia tiene un mes para explicar cómo las gobernaciones y alcaldías pueden usar hasta el 15 por ciento del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET).
Si los 14 departamentos en incumplimiento general no presentan el plan a tiempo, la Corte podrá abrir un proceso por desacato y enviar el caso a la Procuraduría. Los siete con cumplimiento bajo tendrán que mostrar al menos un contrato firmado para un nuevo lugar de detención. Y los tres con cumplimiento medio deberán reducir el hacinamiento en al menos un 20 por ciento en seis meses.
Lea los comentarios
