Procuraduría sanciona a oficial del Esmad y destituye a patrullero por la muerte de un joven en el paro de 2021
La decisión de la Procuraduría se conoce cinco años después de una de las jornadas más violentas del ‘estallido social’. Dos uniformados del antiguo Esmad responderán disciplinariamente por lo ocurrido aquel 1° de mayo de 2021 en el portal Banderas, de Bogotá.
Por: Juan David Cano
La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes una sanción disciplinaria contra dos integrantes del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, por la muerte de un joven manifestante durante el paro nacional de 2021, la protesta civil más larga en la historia de Colombia.
El subteniente Jorge Enrique Bombita Uriana, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como comandante de la sección 1 del ESMAD, fue sancionado con suspensión e inhabilidad especial por ocho meses. En la misma decisión, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento, en fallo de primera instancia, decidió destituir e inhabilitar por 18 años al patrullero Abberson de Jesús Salas Acosta, identificado con el número 23 DEGUA.
El ente de control determinó que el 1° de mayo de 2021, en medio de las manifestaciones que se desarrollaban en el portal Banderas, en el occidente de Bogotá, el patrullero Salas Acosta accionó su arma de dotación, un fusil lanza-gases, contra la multitud y causó lesiones mortales al joven. De acuerdo con la investigación, el uniformado actuó bajo las órdenes del subteniente Bombita Uriana, quien pidió intervenir en la multitud mediante el uso de la fuerza.
“El organismo de control verificó que los disciplinados vulneraron los principios de la integridad personal, legalidad y proporcionalidad. Finalmente, la Procuraduría calificó la conducta de Salas Acosta como gravísima, a título de dolo; y de Bombita Uriana como grave, a título de dolo”, explicó la Procuraduría.
Un fallo que llega cinco años después
La decisión se conoce apenas dos semanas después de que se cumplieran cinco años del inicio del paro nacional del 28 de abril de 2021, una movilización convocada por movimientos estudiantiles, organizaciones sociales y centrales obreras en rechazo a la fallida reforma tributaria del entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, en el Gobierno de Iván Duque.
Las protestas, que se extendieron por cerca de tres meses, dejaron un saldo de violencia que aún hoy es objeto de disputa. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió reportes de 63 muertes entre el 28 de abril y el 31 de julio de ese año, de las cuales verificó 46: 44 civiles y dos policías. Organizaciones como Temblores ONG e Indepaz documentaron al menos 75 homicidios, 44 de ellos con presunta responsabilidad de la fuerza pública.
A esas cifras se suman los 103 casos de traumas oculares documentados por Amnistía Internacional, Temblores ONG y el programa PAIIS entre abril y julio de 2021, así como las denuncias de violencia sexual, detenciones arbitrarias y desapariciones temporales que recogieron tanto organismos internacionales como la Defensoría del Pueblo.
El fallo contrasta, además, con la versión que han sostenido exfuncionarios del Gobierno Duque. El exministro de Defensa Diego Molano defendió en CAMBIO que la actuación de la fuerza pública en las protestas se ajustó a los protocolos de derechos humanos y que los excesos fueron “hechos individuales” y no una política sistemática. Pero la decisión disciplinaria de la Procuraduría dice lo contrario.
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